El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia remitir los antecedentes de seis personas que declararon durante el juicio. La Fiscalía sostiene que sus testimonios podrían haber incurrido en contradicciones o falsedades con relevancia penal.
Durante sus alegatos finales en el juicio oral y público contra Hernán Rivas, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia la remisión de los antecedentes de varios testigos, al considerar que sus declaraciones podrían configurar el hecho punible de testimonio falso.
El pedido alcanza a Victorina Elizeche, Ever Ortiz, Aurelio Marecos, Mario Antúnez, Hermann Weisensee y Nancy Barúa. En el caso de Nilda Rojas, la Fiscalía planteó una solicitud vinculada con la frustración de su testimonio.
La petición fue formulada por el fiscal Christian Benítez, quien sostuvo al finalizar la exposición de los alegatos que las declaraciones prestadas durante el juicio podrían tener consecuencias jurídicas.
“Mentir en juicio tiene consecuencias jurídicas. Se solicita la remisión de los antecedentes para el inicio de la causa penal por testimonio falso”, manifestó el representante del Ministerio Público.
De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, el objetivo de la remisión es que las declaraciones sean analizadas en una eventual investigación penal independiente. La eventual responsabilidad de los testigos deberá ser determinada en el marco del procedimiento correspondiente y con las garantías procesales previstas por la legislación.
El testimonio falso, según la calificación jurídica invocada por el Ministerio Público, contempla una expectativa de pena de hasta 10 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y de la aplicación concreta de la normativa penal.
Fiscalía mantiene acusación contra Rivas
El pedido relacionado con los testigos se produjo en la etapa de alegatos finales del juicio seguido a Rivas. La acusación fiscal sostiene que el procesado no reuniría la condición de abogado y que habría utilizado documentación académica para acreditar una formación profesional que posteriormente le habría permitido obtener su matrícula como abogado.
Estos extremos forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público y deberán ser analizados y valorados por el Tribunal de Sentencia al momento de emitir su decisión.
La Fiscalía sostiene la acusación y solicita una condena de 12 años de prisión para Rivas, fundamentando su pretensión en la gravedad que atribuye a los hechos investigados y en sus consecuencias jurídicas e institucionales.
El juicio está a cargo de un Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, en carácter de presidenta, y los jueces Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate.
La decisión final sobre la responsabilidad penal de Rivas y sobre las solicitudes formuladas por el Ministerio Público corresponde al órgano jurisdiccional, una vez concluida esta etapa del proceso.
