El juez Gustavo Amarilla rechazó el incidente de revocatoria de la prisión preventiva, planteado por la defensa de Gudelia Vargas, pareja de “Aguacate”.
El magistrado menciona en su resolución que la medida aplicada busca asegurar el sometimiento de la imputada en el proceso y evitar la y obstrucción a la investigación penal.
En su momento, el juez José Agustín Delmás ya había decretado la prisión preventiva de Gudelia Vargas, quien supuestamente lavaba dinero proveniente del sicariato, según la imputación fiscal.
Gudelia Vargas, es pareja de Marcio Sánchez alias “Aguacate” buscado por la justicia por supuestamente liderar una banda de sicarios que opera en la zona de frontera con Pedro Juan Caballero.
Se lo sindica como responsable de varios atentados perpetrados en PJC. El pasado martes se realizó un mega operativo en el Departamento de Amambay, pero se frustró su captura.
La fiscalía representanta por el agente Omar Legal solicitó la prisión preventiva de la mujer alegando que existe peligro de fuga y qué se trata un hecho relacionado al crimen organizado por otro lado la defensa de Gudelia Vargas pidió al juzgado el arresto domiciliario o en todo caso que su cliente guarde reclusión en la penitenciaría Regional de Pedro Juan caballero teniendo en cuenta que tiene arraigo, es decir, una hija pequeña. Delmás resolvió otorgarle la prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Asunción o en un establecimiento penitenciario más adecuado a cumplir con la misma finalidad.
Gudelia Vargas fue imputada por lavado de dinero, por formar parte del esquema liderado por «Aguacate», la imputada según el Ministerio Público se dedicaba a lavar en bienes el dinero producto del sicariato, según la imputación fiscal.
La pareja de Aguacate tenía negocios a su nombre cuyas ganancias no coinciden con su patrimonio. También tiene a su nombre varias propiedades costosas.
El fiscal Legal pidió su prisión preventiva argumentando la gravedad del caso y peligro de fuga.
La imputación de Gudelia Vargas se da luego de varios allanamientos en el departamento de Amambay, donde se incautaron estancias, una vivienda lujosa, 170 cabezas de ganado, siete caballos de carrera y otros.
Este sería el primer caso de lavado de dinero producto del homicidio por encargo.
