La querella adhesiva en la causa que investiga al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich Mojoli, y a su esposa María Rosa Araujo Gubetich, por presunta estafa y lavado de dinero, instó a la Corte Suprema de Justicia a destrabar el expediente resolviendo cuestiones incidentales que permanecen pendientes desde febrero de 2025.
Para el abogado querellante, José Fernández Zacur, resulta “incompatible con la imagen de una justicia eficiente” que la máxima instancia judicial mantenga paralizada una causa de alto impacto económico, impidiendo que el proceso avance hacia la audiencia preliminar.
«La Corte sigue sin resolver una recusación que es prácticamente de cajón y una apelación contra la convocatoria a preliminar meramente dilatoria. No es sano para el sistema de justicia que un expediente permanezca paralizado durante tantos meses por cuestiones de esta naturaleza y el cargo que ocupara el acusado durante el gobierno anterior alimenta la suspicacia”, afirmó el profesional.
Fernández Zacur sostuvo que la demora resulta aún más llamativa si se considera que el Ministerio Público ya formuló acusación en junio de 2024, por lo que, a su criterio, el caso debió haber avanzado hace tiempo hacia la etapa en la que se definirá si los acusados enfrentan o no un juicio oral y público.
La causa, caratulada «Andrés Manuel Gubetich Mojoli y María Rosa Araujo Gubetich s/ Estafa y Lavado de Dinero», se encuentra a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto René Otazú. La investigación es impulsada por el fiscal Marcial Machado.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a USD 2.358.000 y habría sido ocasionado al cirujano plástico Eustacio Rojas Alegretti, quien interviene en el proceso como víctima y querellante adhesivo, representado por Fernández Zacur.
Tras la convocatoria a audiencia preliminar, la defensa del exdirector del IPS promovió un recurso de reposición con apelación en subsidio. La reposición fue rechazada el 6 de enero de 2025 y el expediente fue remitido al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
No obstante, antes de que la Cámara pudiera estudiar la apelación, fueron planteadas recusaciones contra las camaristas Claudia Criscioni y Silvana Raquel Luraghi. Posteriormente, ya en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también fue recusado el ministro Manuel Ramírez Candia, lo que derivó en la suspensión del tratamiento del incidente.
Según la querella, desde febrero de este año el expediente permanece inmovilizado, impidiendo la realización de la audiencia preliminar.
Fernández Zacur sostuvo que esta situación vulnera el derecho de la víctima a obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable y prolonga innecesariamente un proceso penal que ya cuenta con una acusación presentada por el Ministerio Público.
En paralelo, Gubetich también promovió una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Fiscalía General del Estado que designó al fiscal Marcial Machado para presentar el requerimiento conclusivo. Esa acción permanece igualmente pendiente de resolución ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, la causa continúa sin avances sustanciales y la audiencia preliminar sigue sin fecha, a la espera de que la Corte Suprema resuelva el incidente que mantiene paralizado el expediente desde hace más de un año.
Para la querella, el tiempo transcurrido para resolver una cuestión procesal de esta naturaleza resulta excesivo y no encuentra justificación, más aún tratándose de una investigación por una presunta estafa millonaria que ya se encuentra en condiciones de avanzar hacia la siguiente etapa del proceso penal.
