PPL sin condena preocupa a ministros de Corte y Justicia

A las autoridades les preocupa la cantidad de personas recluidas en las cárceles del país sin condena.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y el viceministro Manuel Ramírez Candia recibieron al nuevo ministro de Justicia Edgar Olmedo para tratar varios aspectos relacionados al sistema penitenciario.

El abuso en la aplicación de la prisión preventiva sigue siendo uno de los inconvenientes con que tropieza el Ministerio de Justicia ya que terminan los penales hacinados con personas que podrían responder al proceso estando en libertad.

En la reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y el vicepresidente segundo del máximo tribunal y presidente de la Sala Penal Manuel Ramírez Candia. Se planteó continuar realizando acciones coordinadas entre el Poder Judicial y esta Cartera de Estado para fortalecer el sistema penitenciario.

En tal sentido, uno de los temas de la reunión fue la preocupación por la cantidad de personas privadas de libertad que cuentan con prisión preventiva. Al respecto, el ministro Olmedo solicitó que el máximo tribunal recuerde a los magistrados las disposiciones de la Acordada N° 1.511/21 “Por la cual se señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva en forma excepcional”.

Por otro lado, el ministro Olmedo planteó realizar un trabajo por circunscripciones, a fin de fortalecer el seguimiento a los procesos penales por parte de los magistrados, con un acompañamiento cercano de personal del Ministerio de Justicia.

Otros temas conversados en la reunión versaron sobre el acceso a la información pública, reactivación de una mesa interinstitucional abocada a colaborar con la reducción de audiencias penales programadas, y temas de carácter institucional.

Las autoridades de la Corte Suprema se mostraron interesados en las propuestas del ministro Olmedo, e indicaron que las elevarán al pleno del máximo tribunal, para su estudio.

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1 COMENTARIO

  1. El CAP, debe actualizarse en los manejos profesionales como ofrecer servicios garantidos al cliente, víctima e victimario, la transparencia de cobros de honorarios debe ser competitivo y no regulado por el juez. Es el primer punto, luego la práctica de chicanas o prevaricato debe ser reconocido por el ministerio público como hecho punible lesión de confianza estafa. El cap debe actuar como organización que regula el comportamiento del profesional en derecho, debe tener estatutos bien legibles para acceso al público.

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