El presidente Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para designar a su abogado y preparar su defensa frente a las acusaciones formuladas por un grupo de legisladores. En una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio Núñez, argumentó que necesita más tiempo para ejercer plenamente su derecho constitucional a la defensa.
El documento ingresó hace minutos en el Congreso Nacional. A través de la presentación, el mandatario pidió disponer de un plazo adicional de 72 horas para elegir a su representante legal y presentar el descargo correspondiente ante los cuestionamientos que pesan en su contra.
Peña fundamentó su solicitud en la necesidad de contar con tiempo suficiente para organizar su defensa, al considerar que se trata de una garantía constitucional que debe ser respetada en el procedimiento.
El pedido se produce luego de que los fiscales acusadores expusieran una serie de cinco hechos que, según sostienen, comprometerían la actuación del jefe de Estado en torno a presuntas irregularidades vinculadas al Grupo Vázquez y al manejo de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los cinco ejes de la acusación
La presentación de los fiscales apunta, en primer término, a un supuesto conflicto de intereses y puertas giratorias, al señalar presuntos vínculos económicos entre el mandatario y el Grupo Vázquez, que podrían comprometer la independencia de las decisiones adoptadas desde el Poder Ejecutivo.
Otro de los cuestionamientos se refiere a las designaciones en organismos estratégicos, particularmente al nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP). Los acusadores consideran que esta designación debe ser examinada en el contexto de los presuntos vínculos entre el sector financiero involucrado y el Gobierno.
El tercer punto está relacionado con la presunta manipulación regulatoria y las inversiones del IPS. Los legisladores cuestionan modificaciones de normativas que habrían permitido una concentración significativa de los fondos jubilatorios del ente previsional en operaciones vinculadas a la entidad financiera señalada.
Asimismo, la acusación hace referencia al supuesto sobrepaso de los límites crediticios y desvío de fondos. En este apartado, se atribuye al mandatario haber avalado operaciones mediante las cuales se habrían concedido créditos millonarios a empresas vinculadas, superando los límites legales establecidos.
Finalmente, los fiscales sostienen que existieron advertencias financieras que no recibieron respuesta oportuna. Según la acusación, desde la Presidencia se habrían ignorado alertas y señales previas sobre los riesgos de solvencia y liquidez de la entidad involucrada.
Quiénes impulsan la acusación
El grupo de fiscales acusadores está integrado por Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Adrián Billy Vaesken, Rodrigo Blanco, Pedro José Gómez y Freddy Franco. También forman parte de la nómina los legisladores colorados disidentes Mauricio Espínola y Carlos Núñez.
La solicitud de Peña introduce ahora una cuestión vinculada a los plazos y las garantías de defensa dentro del procedimiento. La respuesta del Congreso será determinante para establecer cuándo deberá formalizarse el descargo del presidente frente a los cinco hechos expuestos por los acusadores.
Mientras tanto, el mandatario busca ganar 72 horas para definir su estrategia jurídica y responder a los cuestionamientos que ponen bajo cuestionamiento su actuación en un caso que involucra presuntos conflictos de intereses, decisiones regulatorias y el manejo de fondos previsionales.
