El juicio al exsenador fue postergado debido a que se reportó que presentaba un cuadro delicado de Covid. El perito que debe dictaminar sobre el estado de salud de este solicitó una prórroga para presentar su dictamen, mientras González Daher ya abandonó el hospital y se encuentra en su domicilio debido a que ya superó la gravedad de su cuadro.

La información sobre el estado mejorado de salud del exsenador fue confirmado a Radio Ñandutí por su abogado, Claudio Lovera. “El exsenador volvió a su domicilio a su domicilio, donde se encuentra guardando reposo, en base al protocolo del tratamiento propio del virus.

Teniendo en cuenta esta situación, el dictamen del médico forense podría ser extemporáneo, en vista de que sólo debía verificar los documentos médicos de González Daher que le fueron entregados en su momento por el abogado Lovera.

Oscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez fueron acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa por el caso que guarda relación con la inmobiliaria Príncipe Di Savoia. La fiscal Liliana Alcaraz, en su acusación, afirma que el exsenador tuvo un enriquecimiento ilícito cercano a los 6 mil millones de guaraníes, mientras que su hijo, 51 mil millones.

La Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) había detectado que la firma presentaba movimientos de sumas importantes de dinero de carácter sospechoso, por lo que había relevado un informe que luego fue derivado a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Fueron expulsados de su comunidad en base a las leyes consuetudinarias, pero ante la gravedad del crimen cometido, sus líderes solicitaron que sean juzgados por la justicia ordinaria.

El juicio oral y público por homicidio a dos acusados, pertenecientes a la comunidad indígena Qoom de la compañía Cerrito de la ciudad de Benjamín Aceval, culminó este miércoles y ambos fueron hallados culpables, informó el sitio web del Poder Judicial.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Gregorio Paciello, en calidad de presidente, y Silvia Frers y Christian Bernal, como miembros titulares.

El hecho data del 24 de diciembre de 2018 y fueron asesinados Victorino Morales Avalos y Robert Benítez. El caso fue elevado a juicio oral y público bajo la caratula «Luis Adalberto Coronel Pesoa y Juan Emanuel Ypoogien Caballero Flores S/ Homicidio Doloso», que finalmente culminó esta semana.

El Tribunal de Sentencia halló méritos suficientes para condenar a Luis Adalberto Coronel Pesoa y a Juan Emanuel Ypoogien Caballero Flores a las penas privativas de libertad de 23 y 15 años respectivamente por el hecho punible de homicidio doloso.

Los líderes de la comunidad pidieron a las autoridades locales proceder legalmente contra los acusados. Fue debido a que por sus leyes consuetudinarias decidieron la expulsión de estos de su grupo étnico dejando a cargo del Ministerio Público el hecho de homicidio y la correspondiente sanción a los culpables.

El Ministerio Público estuvo representado por el agente fiscal Irán Suárez y el Ministerio de la Defensa Pública por el abogado Leonardo Colina. Además, cabe resaltar la participación del doctor Remigio Romero, perito experto en cultura indígena.

A pedido del médico Ariel Lezcano, el Tribunal de Sentencia amplió el plazo para informar sobre el estado de salud de Óscar González Daher hasta el 19 de enero.

El juicio por lavado de dinero que debe afrontar el exsenador, junto con su hijo Óscar Ramón González Chávez, debió ser postergado en tres ocasiones. La última postergación se debió a que se alegó que González Daher contrajo Covid, motivo por el cual, los jueces del caso dispusieron que un médico forense constate el estado de salud del acusado y eleve un informe al tribunal para fijar una fecha de inicio del juicio.

El abogado defensor, Claudio Lovera, entregó todos los estudios médicos al forense, por disposición de las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García.

Oscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez fueron acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa por el caso que guarda relación con la inmobiliaria Príncipe Di Savoia. La fiscal Liliana Alcaraz, en su acusación, afirma que el exsenador tuvo un enriquecimiento ilícito cercano a los 6 mil millones de guaraníes, mientras que su hijo, 51 mil millones.

La Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) había detectado que la firma presentaba movimientos de sumas importantes de dinero de carácter sospechoso, por lo que había relevado un informe que luego fue derivado a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos.