El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un operativo conjunto en Ciudad del Este, a fin de allanar una clínica clandestina, donde fueron detenidos dos médicos, quienes se exponen una imputación por homicidio y aborto.
Los detenidos son Carlos Martínez (52) y Diana Céspedes (33) ambos médicos investigados por el homicidio de Sofia Arrua.
Este miércoles se retomará el juicio oral y público a Justo Pastor Cárdenas y sus hijos con alegatos de la defensa de los acusados. El Ministro Publicado ya presentó sus alegatos y pidió 11 años de cárcel para el expresidente del Indert.
El acta de acusación del Ministerio Público sostiene que Cárdenas y su familia no pudieron documentar debidamente cómo llegaron a colectar un millonario patrimonio. Según la investigación fiscal, entre 2008 y 2018, el ex titular del Indert tuvo ingresos de G. 5.364.894.000, sin embargo sus egresos en el mismo periodo de tiempo alcanzaron los G. 8.009.595.082.
Además, en cuanto a los hijos, que en el momento de las millonarias operaciones tenían entre 18 y 22 años, no figuraban como contribuyentes, y además solo dos de ellos trabajaron en la función pública por un corto periodo de tiempo.
Debido a la alta demanda generada a raíz de la reactivación del comercio, como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Directora de la Dirección General de los Registros Públicos, la Abogada y Notaria Pública, Lourdes González, ha adoptado una serie de medidas tendientes a agilizar los trámites y la expedición de documentaciones de dicha dirección.
La tramitación de expedientes registrales, pedidos de informes, oficios judiciales, inscripciones y demás trámites sufrieron retrasos debido al alto nivel de contagio que se registró entre funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos, lo que repercutió en la expedición de documentos. No obstante, desde el mes de marzo del 2021, gracias a la disminución de casos, se tomaron las siguientes medidas para la agilización de trámites:
Disposición Técnico Registral 1/2021, por la cual se establecen metas de producción por áreas y especialidad, reasignación de jefes y funcionarios de secciones, así como supervisión por parte de Asesores del cumplimiento de lo establecido.
Expedición prioritaria de escrituras públicas de constitución de hipotecas ingresadas desde noviembre 2020 a febrero 2021.
Instrucción a las Jefaturas para subsanar errores u omisiones en documentaciones ingresadas por los profesionales abogados y notarios, favoreciendo la celeridad de las inscripciones.
Las actividades presenciales en la D.G.R.P. se extenderán hasta el día sábado 27 de marzo del 2021, así como dos ventanillas de salidas de documentos dentro del horario de 08:00 h a 12:00 h, para que los usuarios retiren documentos.
Estas medidas adoptadas por la Disposición Técnico Registral N° 1/2021, han ayudado a que en 3 semanas de vigencia, se expidan aproximadamente 53.000 documentos correspondientes a distintas oficinas registrales.
Así, de los 685.598 documentos ingresados en el año 2020, solo quedan pendientes alrededor de 1.800 documentos, los que continúan siendo procesados a la fecha, lo que demuestra el arduo trabajo realizado para la expedición de documentos.
Además, se han instaurado mesas de trabajo con la Agencia Financiera de Desarrollo, Autoridades del Servicio Nacional de Catastro y la Dirección de los Registros Públicos, a la cual se pretende sumarle a la actual Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay, en las primeras semanas de abril. Comprometidos con la reactivación de la economía del país, debido a la importancia de los Registros Públicos para la vida económica, jurídica y social del país, sumado a la situación sanitaria vigente, la Dirección General de los Registros Públicos no ha parado de trabajar, ni dentro de la “fase 0”, entendiendo el carácter esencial del servicio registral, labor que se seguirá desempeñando con profesionalismo por los registradores.
La empresa FR Ideas confecciona todo tipo de delantales. Según la descripción de la misma, su mayor valor agregado es que el 100% de su producción la hace en la cárcel de Tacumbú y sus principales colaboradores son personas privadas de su libertad, contribuyendo así a su reinserción.
Desde hace más de 4 años, construye desde el penal una línea rentable de moda en casacas y delantales originales lucidos por el 90% de afamados estilistas y barberos del país y, reconocidos “influencers” de la gastronomía.
A través del trabajo digno de personas privadas de libertad se obtiene dinero para el seno de la familia y los hijos no toman malas decisiones, por lo que se rompe una cadena delictiva.
Con relación al hecho ocurrido donde un joven atropelló los conos de control, poniendo en riesgo la vida de las personas que realizaban dicho control, y luego fuera grabado oponiéndose a la intervención policial, anoche el fiscal Juan Carlos Ruiz Diaz emitió una orden de detención contra el mismo por resistencia.
Tras ocurrido el hecho y la inmediata comunicación a la Unidad de Turno, a cargo del fiscal Juan Carlos Ruiz Diaz, cerca de las 22:30 h se dispuso, vía oficio, orden de detención contra el joven Luis Carlos Insfran.
Esta mañana, el fiscal tomó declaración a los efectivos policiales y militares apostados en el lugar de control, y se solicitarán imágenes de circuitos de la zona.
El agente fiscal Osmar Legal confirmó a Judiciales.net que incautaron documentos de las farmacias allanadas para comparar sus registros de compras del medicamento “midazolam” y que realizarán una pericia para comprobar que los números coincidan con los registros de ventas.
El representante del Ministerio Público indicó que si se obtienen números diferentes, se estaría teniendo una prueba contundente de que las farmacias allanadas compraban de manera irregular el referido medicamento.
«Incautamos documentos y teléfonos celulares. Estamos investigando si hay algún proveedor interno de los Hospitales Públicos. Constatamos que no solo se vendió el midazolam de IPS sino también se sacaron medicamentos de todos los hospitales públicos, por lo que estamos ampliando las pesquisas” indicó el fiscal Legal.
Por último, mencionó que remitirán pedidos de informes a las firmas proveedoras de los medicamentos.
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera celebró la acordada emitida por la Corte Suprema de Justicia e hizo algunas puntualizaciones.
«La Acordada 1.511 pareciera que llueve sobre mojado porque viene a decir lo que la ley y la Constitución ya dice: que la medida preventiva de prisión está establecida como medida cautelar, y que su objetivo no es dictar una condena anticipada. La Corte le dice a sus jueces: no se olviden que si usted va dictar una prisión preventiva, usted será responsable de sus actos y debe fundar sus decisiones y hágalo con imparcialidad, pues la prisión debe ser la última medida que debe aplicarse”.
Finalizó indicando que es la primera vez que la Corte Suprema cumple con su “rol político”, de indicarle a sus jueces de que no se puede enviar a la cárcel a las personas sin razón.
Los fiscales Federico Delfino, Irene Álvarez y Juan Olmedo formularon acusación y solicitaron elevación a juicio oral de la causa en la que están imputados guardiacárceles de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, quienes facilitaron la huida de 76 personas privadas de su libertad, según la acusación.
Los acusados son: Christian Rolando González Morel, Luis Miguel González Larrea, Tadeo David Cristaldo Florentín, Arnaldo Matias Báez Torrez, Concepción Fernández Arguello, Alcides Villalba Arévalos, Justino Rolón Cantero, Rosalino Ocampos Diana, Robert Daniel Quevedo Añasco, Antonio Salinas Duarte, Adán Adriano Aquino Céspedes, Domingo Antonio Zaracho Martínez, Eligio Benítez Ortellado.
Además a Francisco Javier Estigarribia Villalba, Marcelino Ferreira Rodríguez, Carlos Alberto Ortellado Morel, Evert Ramón Castro Ferreira, Pablo Alcides González Ayala, Ramón Amarilla Escobar, Héctor Cándido Florenciano Martínez, Nelson Ramón Pereira Ávalos, Nelson Rafael Zárate Amarilla, Cristian Roberto Pedra Cabañas, Alcides Ramírez González.
También a Óscar Antonio Ferreira Martínez, Sergio Toledo Venialgo, Gabriel Vicente Garcete Zorrilla y Ricardo Arévalos Santander.
Todos los citados están acusados por la supuesta comisión de los hechos punibles de liberación de presos, frustración de la persecución y ejecución penal, asociación criminal. Igualmente, Jonatan Brito Alves, está acusado por la comisión de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y asociación criminal.
El relato de los hechos indica que, en la noche del 18 y la madrugada del 19 de enero de 2020, entre las 22:47 y 04:30 aproximadamente, del interior del Pabellón A –Baja y Alta – de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, todos los acusados, que son funcionarios penitenciarios que se encontraban prestando servicio, facilitaron la fuga a través de un túnel de 76 personas privadas de su libertad, de nacionalidad paraguaya y brasileña.
Se desempeñaba como Miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial del 1° Turno de Capital. La Corte Suprema lamentó su fallecimiento y expresó condolencias a sus familiares.
Con su partida, ya suman son siete los fallecidos que formaban parte del Poder Judicial. Según el último reporte publicado en el sitio web de la institución, más de dos mil funcionarios contrajeron el covid desde el inicio de la pandemia.
Tras la publicación del último decreto presidencial que establece medidas especiales y limita la circulación de personas en todo el país, la Corte Suprema dictó una resolución por la cual reglamenta la actividad de la institución durante la Semana Santa.
En tal sentido, suspendió casi toda la actividad presencial, garantizando los servicios básicos y disponiendo la suspensión de los plazos procesales en los juzgados que no cuenten con el trámite judicial electrónico.
Los fiscales anticorrupción Claide Acosta, Diego Arzamendia, Osmar Legal y Luis Piñanez ejecutan allanamientos simultáneos en el marco de la investigación de venta irregular de medicamentos.
El Ministerio Público busca dar con los responsables de la venta de insumos del Instituto de Previsión Social IPS, denunciado en su momento por autoridades de la previsional, como por los propios familiares de internados por Covid.
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