La fiscal Hermenegilda Cubilla y la querella a cargo del abogado Jorge Zacarías, pidieron juicio oral para los involucrados.

Tanto la fiscalía como la querella acusó formalmente a Adolfino Castruccio Cuba y Sixto Daniel Villalba Pérez, quienes según el Ministerio Público, forman parte de una banda de asaltantes que ingresó a la empresa recicladora Brassur S.A el 7 de diciembre del 2020 en Ciudad del Este, llevándose la suma de 114.645.000 G. Además del dinero en efectivo, robaron los aparatos celulares de los empleados y una escopeta del guardia de seguridad de la empresa, chequeras en desuso de la firma, y la planilla de empleados.

Sixto Daniel Villalba fue empleado de la empresa y días antes del asalto renunció a la firma y sería quien brindó detalles del movimiento de la empresa a su yerno Adolfino Castruccio Cuba, y según la acusación, fueron los que llevaron adelante el plan y ejecutaron el asalto.

El Ministerio Público sostiene que tiene numerosos elementos de prueba para sostener la acusación contra los procesados, desde las testimoniales como informes de las telefonías y las documentales.

Por su parte el abogado empresa Brassur manifestó que es un logro para nuestra justicia individualizar y capturar a quienes realizan robos a mano armada, llevándose sumas importantes de dinero (Gs 114.645.00). Si no fuera de esta manera, se debilita de sobremanera la percepción de seguridad del país.

La agente fiscal pidió al juez de la causa que declare la captura y rebeldía de Javier Diaz Verón y Selva Morínigo.

Natalia Silva quien lleva adelante la acusación fiscal refirió que ambos acusados no demuestran voluntad de someterse a la justicia, por ello requiere que se decrete la orden rebeldía y captura de ambos.

Por su parte el juez de la causa Julián López confirmó a Judiciales.net que tiene a la vista los informes forenses, tras la inspección realizada al acusado Díaz Verón para analizar y posteriormente decidir sobre el pedido del Ministerio Público.

A la vez mencionó que debe resolver una reposición presentada por la acusada Morínigo.

El ex fiscal General del Estado Javier Díaz Verón está acusado por el tipo penal de enriquecimiento ilegítimo mientras que su esposa Selva Morínigo está acusada por lavado de dinero.

Así también la agente fiscal solicitó que el abogado defensor sea declarado como litigante de mala fe.

El juicio oral y público que se le sigue al exsenador y su hijo se encuentra en la etapa final.

La diligencia arrancó hace meses y recién ahora concluyó la producción de pruebas periciales, la pericia ampliada y la declaración de testigos propuestos por las partes.

La fiscal Liliana Alcaraz representa al Ministerio Público y será la primera en exponer sus alegatos finales respecto a los tipos penales acusado a Oscar González Daher y su hijo Oscar Rubén González Chaves, la de Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

El Ministerio Público sostiene, que OGD no puede justificar unos 6 mil millones de guaraníes, mientras que su hijo no puede justificar unos 41 mil millones de guaraníes.

Preside el tribunal juzgador la jueza Yolanda Portillo. Mientras que la defensa es ejercida por el abogado Claudio Lovera.

El caso está a días de tener definición de la justicia. González Daher ya soporta una condena anterior por los audios filtrados del JEM.

La jueza Rosarito Montanía tomó juramentos a los peritos que analizarán a la integrante del EPP.

En el marco del proceso abierto a la mujer por asociación terrorista, juraron los peritos que deberán emitir un informe tras analizar a la imputada.

La jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, abogada Rosarito Montanía de Bassani, tomó el juramento de rigor por medio telemático a integrantes de una Junta Médica, conformada por peritos en siquiatría, sicología y socio-ambiental a los efectos de evaluar a Laura Mariana Villalba Ayala, realizar un diagnóstico y plantear un tratamiento o pronostico si fuera necesario de la referida procesada.

La magistrada comentó a Judiciales.net que la diligencia se hace a pedido de la defensa y bajo recomendación del fiscal de la causa para tener un resultado de todos los peritos de las partes, respecto al estado de la procesada.

La mujer fue capturada en diciembre del año pasado y desde entonces se encuentra recluida en Viñas Cue.

Laura Villalba es hermana de Carmen Villalba, y actualmente soporta proceso por terrorismo, homicidio doloso en grado de tentativa, asociación terrorista, resistencia y violación de la ley de armas.

En el marco del proceso, la magistrada tomó el juramento por medios telemáticos a los peritos para la evaluar el estado de salud de la mujer, quien se encuentra recluida en el Penal Militar de Viñas Cue. Los peritos propuestos por la defensa son el siquiatra Carlos Alberto Arestivo, la sicóloga Ruth María Regina Irala y la trabajadora social María Teresa Francisca López Bosio.

Los asignados por el Ministerio Público son la siquiatra Nélida Minck Benítez, la sicóloga Cecilia Mancuello y la trabajadora social Zimri Aranda.

A su vez, los peritos propuestos por el Poder Judicial son la siquiatra Adelaida Estefanía Núñez Duarte, la sicóloga Rosana Sosa y la trabadora social Lucia Ramírez de Cabral.

Un hombre acusado de violencia familiar fue absuelto en juicio tras la intervención de la Defensa Pública.

La defensora pública Graciela Romero comentó a Judiciales.net que intervino en un caso de violencia familiar. El joven acusado recurrió a la defensa pública días antes del juicio oral. Al empaparse del expediente, Romero notó que varias pruebas no fueron agregadas y en su primera intervención en el caso solicitó la agregación de estas al expediente.

Tras cuatro años de iniciado el proceso, el acusado decide recurrir a la Defensa Pública ante la falta de resultados por parte de un abogado particular al que contrató inicialmente. Entre las pruebas agregadas por la defensa, se encuentran mensajes de texto enviadas por la propia denunciante a una amiga, en la que afirma que presentó la denuncia por celos.

También se ofrecieron nuevos testigos, quienes indicaron que no existió violencia. Tampoco constaba en el expediente informe médico alguno que acredite que la denunciante haya sido víctima de violencia física.

Según comentó la defensora, su representado estaba con cuadro depresivo debido a la situación traumática que enfrentó de ir a parar a la cárcel por un hecho de que no cometió y que ya no pudo estudiar tampoco.

Afortunadamente, la justicia absolvió al mismo del hecho punible por el que fue acusado.