Un asistido de la Defensa Pública, fue sobreseído y liberado luego de un año y cuatro meses.

Un hombre imputado por el robo de la imagen de la Virgen de Caacupé fue sobreseído de la causa y recuperó su libertad con asistencia de un defensor público.

La persona asistida por la Defensa Pública, estaba recluida y procesada por el supuesto hecho de apropiación y reducción de una imagen de la Virgen de Caacupé, de un nicho ubicado en el barrio San Isidro de Lambaré, recuperó su libertad luego de un año y cuatro meses de reclusión, tras beneficiarse con el sobreseimiento definitivo bajo la representación del defensor público, Carlos Bonzi.

En audiencia preliminar la Defensa Pública hizo notar que la acusación presentada por el Ministerio Público sostiene la comisión de los hechos punibles, primeramente, la reducción y la otra, por la violación de la Ley Sanitaria de la Cuarentena.

Con base a la presentación realizada por la Fiscalía, la defensa pública deduce incidentes, uno de ellos referido a la violación al derecho de ser oído en atención a que el Ministerio Público no había indagado al imputado acerca de la supuesta comisión del hecho punible de violación de la cuarentena. En consecuencia, surgió un obstáculo procesal insalvable, que impide la prosecución de la persecución penal al ciudadano, por lo que el Defensor Público interviniente solicitó el sobreseimiento definitivo del representado, quien fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público en mayo del 2020.

En consecuencia, el Juez Penal de Garantías con base a las argumentaciones planteadas por el Defensor Público interviniente resolvió otorgar el sobreseimiento definitivo y ordenó la inmediata libertad del representado por la Defensa Pública.

Ramón Zubizarreta examigo de Ramón González Daher declaró en juicio que durante 15 años prestó dinero con altos intereses, del acusado.

El testigo relató la forma que fue por años víctima de la usura de Ramón González Daher y que su relación de amistad, le impidió pedir documentos esos préstamos.

“Me unía una relación de amistad con Ramón González Daher y su hijo, ninguna relación comercial, quince años duró nuestra relación comercial de préstamo de dinero con cheque, el cheque era el arma para disparar, se fueron pagando mitad, entero, en dólares y los cheques no se devolvían, en ese entonces, no tenía duda de que esos cheques estaban en buenas manos, porque éramos amigos, cuando le preguntaba, nunca estaba en su casa, o me iba a depositar en mi propia cuenta, esto tiene quince años de antigüedad, se fueron dando esos pagos parciales y guardándose esos cheques que no se devolvía, que fueron usados después para demandarme, nunca bajó el 5% los intereses”.

“La usura está probada, nunca me dio una sola factura en todo esos quince años que me prestaba él dinero, es el mismo modus operandi, eso está confirmado y lo que es lamentable es la indefensión del ciudadano, la utilización de la justicia gratis, era el brazo armado a favor de González Daher, es tan dolorosa esa indefensión cuando nos damos cuenta como actuaban groseramente, por la feroz presión que ejercía sobre la jueza, la impotencia es absoluta, que podía hacer yo contra todo el dinero y todo el poder, y el poder le otorgaba la justicia gratis” reiteró el testigo y víctima de los González Daher.

El testigo propuesto por el Ministerio Público, buscó exponer la forma en que los hoy enjuiciados Ramón González Daher y Fernando González Karjallo operaban con los préstamos usurarios y que pese a que las personas devolvían el dinero, de igual forma eran demandados después por los acusados.

Fue el primer testigo que declaró de todos los citados para la fecha. Si concluye esta etapa la próxima semana las partes ya estarían presentando sus alegatos finales.

Desde la digitalización y en 48 horas la Sala Penal recibió 36 presentaciones en total.

Pero, dentro de estas 36 presentaciones en línea se encuentran juicios que deben ser tramitados en otros fueros y no en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

De momento se encuentra la lista de las 36 presentaciones en depuración, ya que aquellas que no pertenecen a este fuero deberán ser excluidas de trámites.

La implementación del Expediente Judicial Electrónico genera mucha expectativa entre los profesionales abogados, ya que no solo combatirá la mora judicial, también trae consigo la transparencia sobre el movimiento de los expedientes.

El abogado penalista Álvaro Arias, manifestó a Judiciales TV, que con esta herramienta digital esperan superar el suplicio de digital en la sala penal, ya que en un juicio tuvo que presentar 20 urgimientos para hacer que se mueva el expediente.

Actualmente, la cámara de apelaciones estudia quien será el juez que quedará con el caso.

El fiscal de la causa Osmar Legal presentó una reposición con apelación en subsidio contra la providencia de la juez Inés Galarza, quien comunicó a las partes de su intervención, tras la inhibición del juez José Agustín Delmás quien e inhibe del abogado Andrés Casati.

La jueza rechazó el incidente del fiscal Legal, por ausencia e inexistencia de agravio concreto e identificable que sea producto de la providencia del hágase saber a las partes la competencia del juzgado, ya que el agravio debe ser expresado de forma específica, señala parte de la resolución de la jueza Galarza, el expediente subió a alzada que estudia quien será el magistrado que entenderá en el caso.

La fiscalía acusó en esta causa al exgobernador Rodolfo Max Friedmann Alfaro. También se acusó a Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, Lourdes María Auxiliadora González de Melgarejo, Eduardo Domínguez y Marly Eliana Figueredo López.

Los tipos penales acusados por la fiscalía respecto a Friedmann son la de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado.

En esta causa está pendiente la realización de la audiencia preliminar donde se decidirá si la causa será debatida en juicio oral y público.

La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz fue sorteada para entender en el caso del gobernador Hugo Javier, pero rápidamente impugnó la inhibición de su colega Humberto Otazú.

La testigo declaró ante el Tribunal de Sentencia como fue su trabajo para determinar la evasión de RGD.

Alice Báez, funcionaria de la SET, explicó en el juicio oral como lograron determinar la inconsistencia entre lo que declaró y lo que pagó Ramón González Daher.

“En este caso empezamos a investigar pidiendo información a los Bancos para tener los extractos bancarios, a Registros Públicos para cuantificar los inmuebles y ver el ingreso del contribuyente, en este caso nos encontramos con un movimiento económico muy elevado que no tenía relación con lo pagado en la SET, no teníamos la información desde cuándo esos patrimonios inmobiliarios le pertenecían”.

“Una vez que tuvimos sus facturas entre lo que facturó en alquileres y lo que declaró a la SET, nos percatamos de las inconsistencias, ya que los préstamos no fueron declarados acabadamente”, mencionó la testigo.

Aclaró que solo respecto al acusado Ramón González Daher pudieron probar las irregularidades que fueron denunciadas posteriormente al Ministerio Público.

El cobro de impuestos, multa y mora que fue ejecutada por la SET respecto a la deuda de Ramón González Daher, ascendió a más de 42 mil millones de guaraníes. Que fue pagada a mitad de este año.