Daniel Benítez ministro de Justicia realizó una tempranera visita al penal de CDE para verificar no solo la situación de los más de 1.300 reclusos del lugar sino las condiciones edilicias.

El titular de la Cartera de Justicia Daniel Benítez y un equipo técnico se trasladó hasta la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, con el fin de fiscalizar su infraestructura edilicia y ahondar en las condiciones que se encuentran viviendo 1.318 personas privadas de libertad (PPL) intramuros.

Pabellones, aulas educativas, espacios destinados a talleres de reinserción, sitios de recreación, cancha de deportes, capilla, rancho y área de administración fueron parte del itinerario de recorrido de la máxima autoridad institucional.

Parte de la comitiva técnica estuvo integrada por el director del penal Roberto Riveros, el director general de Gabinete Julio Godoy, el director general de Establecimientos Penitenciarios Julio Balbuena y el director de Asuntos Internos y Anticorrupción Roberto Samudio.

La actividad de monitoreo fue para constatar el cumplimiento efectivo de las normativas en materia de derechos humanos y velar por la calidad de vida de las PPL a fines de la reinserción social, será replicada en todos los demás establecimientos del sistema penitenciario.

Según el informe de gestión la Defensa Pública, recibió 21.881 nuevas causas en el fuero penal para asistir a personas adultas y adultas mayores en el año pasado.

La Dirección de Gestión del Área Misional (DIGAMI), hasta el mes de octubre del 2022, refiere que la Defensoría Penal Ordinaria registró el ingreso de unas 21.881 nuevas causas de personas adultas y adultas mayores para su atención.

Así mismo, se registra un total de 58.936 juicios ordinarios, de los cuales 43.535 se hallan en trámite, entre nuevos juicios del 2022 y los de años anteriores que aún no concluyeron, y unos 15.398 juicios concluidos en este año.

En cuanto al fuero Penal de la Adolescencia las defensoras y defensores públicos tuvieron intervención en 1.275 nuevas causas de enero a octubre de 2022. Las cifras también indican que los nuevos juicios del 2022 y los de años anteriores, en procesos y concluidos, totalizan unos 2.490.

La Defensoría Penal de Ejecución, ejerce la defensa de las personas adultas y adolescentes que se encuentran con una suspensión del proceso, condenadas o sancionadas y se hallan en la etapa de ejecución de la pena o sanción, quienes no cuentan con una asistencia jurídica particular. En ese contexto, de enero a octubre, ingresaron 153 nuevas causas de adolescentes y 7.261 causas ingresadas que involucran a personas adultas y mayores.

Hasta octubre, los juicios en trámite y concluidos totalizan 27.200 en lo que respecta a personas adultas y mayores, y 791 juicios de adolescentes.

Para contactar con un Defensor o Defensora Pública Penal, las personas requirentes pueden llamar a la línea 133 o acceder al Calendario de Turnos, ingresando al siguiente enlace https://www.mdp.gov.py/calendario-de-turnos/.

Por mayoría de votos, el tribunal de sentencia que condenó a 10 años de cárcel a Enzo Cardozo, exministro del MAG, ratificó la prisión en el penal de Coronel Oviedo del condenado, a falta de documentación que avale su fianza.

La Cámara de Apelación Penal había resuelto que Cardozo podía litigar en libertad, hasta que quede firme su sentencia, pese a la elevada condena que soporta si es que puede ofrecer una fianza importante.

Cardozo ofreció la suma de G 20. 000 millones, compromiso asumido por terceras personas que ofrecen ser su fiador para beneficiarse con la libertad ambulatoria resuelta ya por alzada, pero los magistrados por mayoría de votos ratificaron la prisión del condenado por considerar insuficiente la documentación que sustenta la fianza personal.

Enzo Cardozo fue condenado a cumplir la sanción de 10 años de cárcel por lesión de confianza por un perjuicio patrimonial estimado por el Ministerio Público de G 68.000 millones.

“El tribunal de sentencia dijo que no tiene reparo en las cauciones reales presentadas, ni al CDA, pero a la caución personal del señor Luis Giménez, quien ofrece 100.000 dólares americanos en garantía, el tribunal pidió se agregue otros documentos que avalen la idoneidad de la capacidad económica del fiador a los efectos de honrar la cifra ofrecida” señaló el defensor público Carlos Arce a ABCTV.

Integran el tribunal de sentencia Elsa García como presidenta y los miembros Darío Báez y Víctor Medina como tribunal de feria.

El Ministerio Público no apeló la absolución del exintendente de Asunción Mario Ferreiro y demás personas quienes fueron desvinculadas definitivamente de la causa por falta de pruebas.

Días pasados el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Claudia Criscioni emitió un fallo contundente dejando en evidencia al Ministerio Público de traer al debate público un juicio sin la más mínima prueba para acusar a las personas quienes venían soportando un largo proceso.

La absolución quedó firme al vencer el plazo para apelar a la medianoche de hoy y el Ministerio Público representado por Stela Mary Cano no apeló el fallo que explicó claramente que no hubo perjuicio patrimonial y tampoco la famosa caja paralela y que la acusación se basó en base a capturas de pantalla cuyo origen se desconocía y nunca fue indagado.

El abogado Guillermo Ferreiro confirmó a través de su cuenta de Twitter que le venció el plazo para apelar al Ministerio Público y que se no presentó la apelación de la sentencia por lo que quedó firme la absolución de su cliente.

Según explicó la presidenta del tribunal en su momento, no existió un perjuicio patrimonial, por ende, no existió el hecho punible, no existió una conducta típica o punible con relación a Mario Ferreiro, tampoco la complicidad con relación a los demás procesados al no existir el principal hecho acusado sin pruebas por el Ministerio Público.

“Existe un déficit en la acusación, se señala un perjuicio patrimonial perpetrado en junio del 2017, con el pago a la firma 8 A, ese compromiso debía ser pagado porque los trabajos se realizaron, sin embargo, el Ministerio Pública le atribuye una conducta dos años después del hecho, al señor Mario Ferreiro, no se puede evitar lo ya acontecido. No existe hecho punible, al no existir el perjuicio patrimonial”. 

“Para este tribunal la conducta atribuida al señor Mario Ferreiro, no son típicas y no son punibles. Referente al tráfico de influencia, el Ministerio Público no describió ninguna conducta por lo que nos resulta imposible hacer un análisis” manifestó la presidenta del tribunal, Yolanda Morel.

En base a esta explicación detallada por parte de la jueza Yolanda Morel, fueron absueltos Mario Ferreiro, Carlos Mancuello, Víctor Ocampos, Fernando y Roberto Ferreiro.

Integran el tribunal de sentencia además de Morel, las juezas Claudia Criscioni y Elsa García.

El Ministerio Público imputó a Cristian Eduardo Mareco por estafa, por formar parte de una red de estafadores mediante un sistema informático. Se requirió su prisión preventiva, por la gravedad del hecho.

El hombre está implicado en una red de estafa a clientes de un banco de plaza, además de la prisión preventiva del procesado se requirió embargo de una cuenta bancaria que posee.

El agente fiscal Juan Ramón Olmedo, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, formuló imputación contra Cristian Eduardo Mareco, por la presunta comisión del hecho punible de estafa mediante sistemas informáticos. El imputado estaría involucrado en la estafa a clientes de un banco de plaza y fue detenido tras un allanamiento en la localidad de Capiatá realizado este lunes.

El representante del Ministerio Público también requirió el embargo preventivo de una cuenta abierta desde el mes de julio, en la que se encuentra depositada la suma de G 20 millones, cuyo movimiento se acrecentó en el mes de diciembre.

ANTECEDENTES:

El fiscal Olmedo tiene a su cargo las pesquisas del vaciamiento de tres cuentas bancarias. Se aguarda un informe financiero para saber a qué cuenta finalmente se transfirieron los montos sustraídos a los clientes de Banco Nacional de Fomento. Se presume que se trataría de una estructura internacional, basándose en los casos anteriores, cuyos autores eran extranjeros.

El fiscal manifestó: “Mediante un engaño, el propio titular de la cuenta dispone de su usuario y contraseña ante un supuesto bloqueo de la cuenta, que es avisado a través de un correo electrónico. Entre las investigaciones en curso se encuentra la trazabilidad del dinero sustraído” indicó al tiempo de confirmar que la investigación continúa.