El abogado Eduardo Cazenave, defensor de Cristian Turrini, durante una entrevista a Judiciales TV dijo que el Ministerio Público no va a poder demostrar la hipótesis que está plasmada en la acusación.

“La hipótesis no va a poder ser demostrada por el Ministerio Público. Ya cuestionamos en su momento de qué manera o cómo Turrini formaba parte del esquema, el ser parte de un esquema exige que la acusación sea clara y diga de qué manera y en qué momento mi cliente participa del esquema, por ende el estado de inocente de cliente quedará incólume y lograremos su absolución” señaló el defensor.

Este martes arrancó el juicio oral y público para Cristian Turrini exdirector de TV Pública, sindicado por el Ministerio de formar parte de una estructura criminal que traficaba droga de Paraguay al extranjero.

Esta causa se inició con la incautación de 2.906 kilos de cocaína en Villeta, tras lo cual fue detenido Cristian Turrini, exdirector de la Tv Pública.

Según la acusación fiscal, Turrini era el organizador y coordinador de envíos de cargamentos de carbón contaminados con cocaína.

También tuvo activa participación el segundo detenido, Alberto Ayala Jaquet, dueño de la firma Carbosur proveedora del producto donde iba mezclada la cocaína.

Esta organización siempre según el relato del Ministerio Público, se dedicaba al envío de cocaína a Europa a través de cargas legales como carbón, chía y soja en contenedores que salían por el río Paraguay.

Una lujosa quinta en Amambay, una vivienda en Lambaré, embarcaciones modernas, joyas, relojes costosos y automóviles formaban parte del patrimonio del líder de esta organización identificado como Miguel Ángel Servín Palacios con el alias de «Celular», quien fue detenido meses después de haberse desbaratado el esquema.

Unos 10 millones de dólares en patrimonio ya son administrados por Senabico, producto del comiso de bienes dentro de esta investigación.

Este martes se inició el juicio oral y público para el exdirector de TV Pública, Cristian Turrini, acusado por el Ministerio Público por formar parte de un esquema de tráfico de droga.

La defensa a cargo del doctor Eduardo Cazenave planteó la nulidad del juicio lo que fue rechazado por le tribunal. En partes la diligencia oral se debatirá a puertas cerradas por decisión del tribunal y a pedido de la defensa a lo que se allanó el Ministerio Público.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por los jueces, Víctor Alfieri, Alba González y Dina Marchuk. 

Esta causa se inició con la incautación de 2.906 kilos de cocaína en Villeta, tras lo cual fue detenido Cristian Turrini exdirector de la Tv Pública. Según la acusación fiscal, Turrini era el organizador y coordinador de envíos de cargamentos de carbón contaminados con cocaína.

También tuvo activa participación el segundo detenido, Alberto Ayala Jaquet, dueño de la firma Carbosur proveedora del producto donde iba mezclada la cocaína.

Esta organización siempre según el relato del Ministerio Público, se dedicaba al envío de cocaína a Europa a través de cargas legales como carbón, chía y soja en contenedores que salían por el río Paraguay.

Una lujosa quinta en Amambay, una vivienda en Lambaré, embarcaciones modernas, joyas, relojes costosos y automóviles formaban parte del patrimonio del líder de esta organización identificado como Miguel Ángel Servín Palacios con el alias de «Celular». Quien fue detenido meses después de haberse desbaratado el esquema. Unos 10 millones de dólares en patrimonio ya son administrados por Senabico producto del comiso de bienes dentro de esta investigación.

Según el reporte de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, se suspendieron 94 audiencias preliminares establecidas para la semana del 6 al 10 de febrero lo que representa el 62%.

El informe de la semana mencionada revela que se diligenciaron 38% de las audiencias programadas, lo que corresponde a 57 realizadas, en tanto que 94 fueron suspendidas, representando esto un 62%.

De las 94 audiencias preliminares suspendidas, 46 fueron por pedido de suspensión, en su mayoría por pedido de suspensión del Ministerio Público de las 46, 16 pedidos corresponden a la fiscalía, otros 14 de la defensa privada, 8 de la Defensa Pública y otros 8 por otros recursos.

Mientras que, 38 audiencias fueron suspendidas por incomparecencia, 6 por planteos procesales, 2 por renuncia o cambio de defensa y 2 por falta de notificación.

El exhorto de extradición fue recepcionado en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia que a su vez deberá ser enviada a Cancillería y de allí a Brasil, donde se encuentra detenido desde la semana pasada, Tío Rico. 

La justicia, en tiempo récord, solicitó el pedido para lograr lo antes posible que uno de los considerados cabecillas del esquema de tráfico internacional de droga sea extraditado a Paraguay.

La traducción de todos los documentos para ser enviados a la Justicia de Brasil culminó este lunes, al igual que el cotejo de todos los documentos agregados al pedido donde obra los antecedentes del proceso abierto a Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico, requerido en nuestro país por la causa A Ultranza el primer mega operativo contra el crimen organizado en nuestro país.

La jueza Lici Sánchez firmó el exhorto de extradición de indiciado. En los documentos va la explicación sucinta del relato de hechos por la que se requiere la extradición de Insfrán, al igual que el tipo penal por el Ministerio Público imputó a Tío Rico, así como sus datos del extraditable y demás documentos que creyó conveniente el juzgado a cargo de la magistrada especializada contra el Crimen organizado.  

El Ministerio Público imputó en esta causa a 50 personas vinculadas con el grupo criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína desde Paraguay a Europa y África.

De los 50 imputados 27 ya están sometidos a proceso y en prisión preventiva. El considerado líder de este esquema es Alberto Koube quien es uno de los principales exponentes de la organización al igual que Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, según la imputación del Ministerio Público cuya extradición se requirió en la fecha.

El operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.