La jueza que entiende en el caso fijó para el 5 de diciembre la realización de esta diligencia, en la que serán entrevistadas por profesionales la niña de 11 y la adolescente de 15 años víctimas de abuso sexual, según la imputación del Ministerio Público.

La jueza Cynthia Lovera fijó para las 11:30 del 5 de diciembre que se practique esta prueba requerida por el Ministerio Público que lleva adelante la investigación.

Pablo Benegas está sospechado de haber abusado de la niña y la adolescente en estado vulnerabilidad, incluso existe la sospecha de que las niñas fueron dopadas antes de ser sometidas por el cantante, Pablo Benegas.

El Ministerio Público tiene la obligación de esclarecer el caso y llegar hasta las últimas personas que podrían tener participación en este hecho ya que se habla de una red de pedofilia que estaría involucrada con Benegas.

El terrible caso es observado con alarma y preocupación por parte de la población que no encuentra explicación a la conducta tan reprochable por parte de un adulto hacía niñas indefensas y en estado de vulnerabilidad.

Benegas cumple actualmente prisión preventiva y la defensa busca probar que es adicto a las drogas y que necesita un tratamiento para el efecto que no lo podrá seguir en la cárcel.

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El condenado exrector de la UNA, Froilán Peralta hasta hace poco prófugo de la justicia, presentó un pedido para compurgaren en su casa lo que le falta de los tres años de cárcel que le impuso la justicia por lesión de confianza.

La jueza Silvana Luraghi rechazó la pretensión del condenado quien busca ser beneficiado con una medida extraordinaria pese a su conducta procesal dilatoria y hasta permaneció prófugo tras ser imputado y al quedar firme su sentencia de tres años de prisión.

La magistrada llevó adelante este martes una audiencia para escuchar al condenado y una vez concluida la diligencia, no hizo lugar al pedido de compurgar la pena en el domicilio del encausado.

En esta causa se habla de un perjuicio patrimonial de más de 1.200 millones que la Procuraduría deberá recuperar para el Estado como perjudicado por la gestión de Froilán Peralta.

Este proceso fue abierto tras la toma de la UNA por un grupo de alumnos por la serie de irregularidades en la Universidad Nacional de Asunción que generó movilizaciones sucesivas de los estudiantes denominado “UNA No Te Calles”, en septiembre del 2015.

La otra condenada, María del Carmen Martínez, se encuentra también cumpliendo su condena de tres años y seis meses por estafa.

Las pruebas presentadas por la Defensa Pública fueron determinantes para que el tribunal de sentencia concluya con una sentencia condenatoria especialmente la evaluación psicológica realizada a la víctima.

Recientemente, Daniel fue condenado por violencia familiar y el tribunal de sentencias de Villa Hayes, le impuso 2 años de pena privativa de libertad por haber ejercido violencia especialmente psicológica hacia su novia.

Laura tenía 21 años cuando conoció a Daniel a través de las redes sociales. Luego de un tiempo, decidieron ser novios, cinco meses después Laura ya vivía una relación violenta con Daniel.

Durante los primeros 3 meses, la relación parecía tranquila. Daniel era encantador, atento y parecía el hombre perfecto. Se mostraba cariñoso y protector con Laura, quien se sentía amada y especial a su lado. Pero con el tiempo, Daniel empezó a mostrar actitudes violentas y posesivas.

El 28 de septiembre de 2021 en horas de la noche, Laura se encontraba en la casa de Daniel, todo iba bien y mientras Laura miraba su celular, Daniel le pidió que se lo mostrara. Ella, indignada ante el pedido, se negó a entregarlo.

Daniel, tras un arranque de ira, obligó a Laura -con amenazas y golpes a ingerir sedantes, para así dormirla y revisar el celular. Laura estuvo sedada durante varios días, sin beber agua ni alimentos. Pese a eso, él siguió ejerciendo violencia física y psicológica sobre ella.

El defensor público especializado, Mario Delvalle, en el marco de una querella adhesiva, formuló acusación en representación de Laura, y solicitó que se eleve la causa a juicio oral y público solicitando la imposición de la pena privativa de libertad.

El juicio oral y público que se le sigue a exdirectivos de la firma Imedic y funcionarios de Aduana por presuntos hechos de corrupción en pandemia siguió hoy en la etapa de réplica del abogado César Alfonso defensor de Patricia Ferreira.

Señaló que la importación de los insumos médicos tenía un registro sanitario provisorio ya que no se trata de medicamentos, sino de insumos, por ende, podían ingresar al país hasta concluir después los trámites necesarios para tener los documentos aprobados.

“Ningún despacho aduanero podrá tramitarse sin la previa actuación de las autoridades nacionales el incumplimiento será sancionado con el comiso de los medicamentos, no es aplicable a este caso, acá hablamos de la introducción de insumos médicos, en la acusación no se dice nada de eso ya que se habla del registro sanitario y eso rige para medicamentos no para insumos”, sostuvo el doctor Alfonso en su réplica.

La defensa asegura que no existió el contrabando y tampoco la producción de documentos respecto a Patricia Ferreira, ya que no existe elemento probatorio que demuestre tal extremo, tampoco se reúne los requisitos de la asociación criminal por lo tanto Patricia Ferreira debe ser absuelta.

Además de Patricia Ferreira en la causa están acusados su padre Justo Ferreira, un despachante y otros funcionarios de Aduana.

El juicio oral y público continuará en la misma etapa el próximo 5 de diciembre, según lo decidido por el tribunal de sentencia presidido por la juez Elsa García.

Según los fiscales Osmar Legal y otros, se probó el hecho investigado, demostrando que nunca hubo la intención de ingresar las 50 camas de manera legal. Se valieron de funcionarios de aduanas para rectificar el ingreso irregular de la mercadería y buscaron siempre el beneficio propio, evitando el pago de impuestos por estas mercaderías.

«Quedó claramente demostrado que son coautores de contrabando, asociación criminal y producción de documentos falsos. Justo Ferreira era el líder de la organización dedicada a introducir al país mercaderías de manera irregular. Realizaron 10 despachos, y la firma Imedic incluso entregó facturas falsas. Con todas las pruebas se corrobora el comportamiento de los acusados al introducir dichas mercaderías al país sin pagar los impuestos», afirmaron los fiscales en sus alegatos finales en su momento.

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Carlos Granada exgerente de Canal 9 presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez Matías Garcete que elevó su caso a la siguiente etapa de juicio oral.

La defensa sostiene en su apelación que la resolución no está fundada, que además existe un exceso en la calificación jurídica del Ministerio Público y que no fue ofrecida ninguna prueba más que el testimonio de las víctimas para acusarlo.

Solicitan a la Cámara de Apelación Penal que anule el requerimiento conclusivo del Ministerio Público y ordene el sobreseimiento definitivo de Carlos Granada, o, en su defecto procesa al cambio de calificación o la exclusión probatoria, reza una perta del petitorio de la defensa en Granada.

Las agentes fiscales Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero se ratificaron en que existen elementos suficientes contra el procesado y solicitaron que se eleve el caso a juicio oral y público y fue lo que resolvió el juez del caso.

El caso se inició después de la denuncia de varias periodistas, quienes afirmaron que fueron hostigadas con fines sexuales, que sufrieron actos sexuales con el uso de la fuerza y tuvieron que soportar actos no consentidos bajo amenazas contra sus fuentes de trabajo por parte del acusado por acoso sexual, coacción y coacción sexual.

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La magistrada Rosarito Montanía volvió a ratificar la prisión de José Luis Gómez Amarilla, músico conocido como «OG Selu», el hombre buscó medidas sustitutivas a la prisión. El procesado ya había solicitado levantar su prisión en agosto pasado.

Tras la audiencia de revisión de la prisión preventiva la jueza resolvió ratificar su reclusión debido a que persiste el peligro de fuga y obstrucción a la investigación.

Tanto el cantante como los demás imputados en la causa están sospechados de integrar una red internacional de trata de personas. Las mujeres eran llevadas bajo engaño desde Paraguay a España, donde eran explotadas.

En su momento, se realizaron allanamientos simultáneos en España y Paraguay, y se logró rescatar a seis víctimas que habían sido llevadas bajo engaño al territorio español para ser explotadas sexualmente. Además, se detuvieron a doce personas que formaban parte de esta organización criminal, entre ellos se encontraba el cantante OG Selú, quien permanecerá privado de su libertad según la resolución de la jueza.

Durante los procedimientos, se incautaron varios elementos, como vehículos, dinero en efectivo, cheques, pagarés, títulos de propiedad y teléfonos celulares. El Ministerio Público tratará de convertirlos en evidencia del caso.

El abogado Hugo López defensor de Juan Carlos Irala exdirector del penal de Emboscada sostuvo durante una entrevista con ABC TV, que no se probó el dolo en ningún momento ya que ni el teléfono de Irala fue peritado como medio de prueba por lo que apelarán el fallo.

Señaló que apelarán el fallo que condena a Irala a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena ya que consideran que es inocente y que el no plasmar en la nota de traslado de Teófilo Samudio, alias Samura que tenía la condición de Alta peligrosidad es una falla administrativa no punible ya que él en ningún momento buscó el resultado, condición necesaria para la perpetrar un hecho punible.

Dijo que, según el tribunal, su cliente se confabuló con los que liberaron a Samura, porque los funcionarios no pusieron dos palabras, alta peligrosidad que esta situación no puede servir de base para una condena por liberación de preso.

“La nota estaba bien redactada se pidió custodia para evitar fuga, se comunicó el traslado a la Comisaría, la nota era bastante larga y mi cliente me dijo que no se percató que no tenía esas dos palabras. No es uno mismo el que redacta la nota y pasa a la computadora, están los funcionarios que se olvidaron de poner alta peligrosidad”. Falta probar el dolo, eso se tiene demostrar con elementos objetivos eso ni se tocó en el juicio, acá no se trajo a funcionarios de Emboscada que digan que él siempre pidió puso alta peligrosidad para los traslados de personas de este perfil, ni su teléfono fue peritado, no se allanó su domicilio ni se le pidió a funcionarios a declarar”, señaló el abogado Hugo López.

Reiteró que no se probó la conexión de su cliente Juan Carlos Irala con otros partícipes del hecho y por ende no se probó su participación, por lo que apelarán el fallo por considerarlo inocente.

Por último, dijo que su cliente tiene más de dos décadas trabajando para el Ministerio de Justicia y que no tiene ni un solo sumario a excepto por este caso y que sigue cumpliendo funciones en el sistema penitenciario en la actualidad.