La abogada y activista social Esther Roa durante una entrevista a ABC TV, dijo que el Ministerio Público debió allanar las oficinas del Recursos Humanos de ambas cámaras del Congreso para incautar el legajo de los funcionarios indiciados.

Roa señaló que la fiscalía pierde tiempo con pedidos de informes reiterados a Diputados y Senadores teniendo la facultad de acudir y sustraer esos documentos para evitar que los mismos sean manipulados.

Agregó que como sociedad civil harán un seguimiento de esta causa y pedirán diligencias a los tres fiscales que indagan el caso donde están salpicados de haber accedido a cargos sin mérito ni concurso, bajo la figura del cargo confianza los hijos del propio vicepresidente de la República Pedro Alliana y del Congreso Silvio Beto Ovelar, entre otros.

Recientemente, un grupo de abogados presentó una denuncia al Ministerio Público por tres tipos penales, la lesión de confianza, el cobro indebido de honorarios y tráfico de influencia.

La Coordinadora anticorrupción busca participar activamente de esta investigación para evitar que el caso quede impune.

Los fiscales que investigan el caso son; Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce.

Esther Roa presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y activista social, confirmó que hoy presentarán el pedido de inclusión de la causa de Hernán Rivas al Observatorio para realizar un control ciudadano.

A la vez Roa señaló que también pedirán como organización civil organizada el desafuero de Hernán Rivas para reafirmar la solicitud hecha por la justicia al Senado para que este órgano proceda a suspender los fueros de Rivas y se lo someta al proceso penal por producción de documentos públicos de contenido falso.

El Poder Judicial cuenta con un Observatorio de las causas consideradas emblemáticas o de gran impacto social y es en esta lista que la Coordinadora de Abogados busca que el expediente de Rivas ingrese y así poder solicitar diligencias en ese expediente, asó como el control de la causa.

La semana pasada Hernán Rivas, fue imputado por haber presentado documentos presumiblemente falsos para acceder a la matrícula de abogado.

Según el relato de hechos del Ministerio Público, “Hernán Rivas en el afán de acceder a la matrícula de abogado, habría presentado con esa finalidad un título y un certificado de estudios expedidos por la Universidad Sudamericana en donde se consignó, que presuntamente cursó la carrera de derecho en los años 2010 y 2015, sin embargo, sin que exista ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de esos documentos”, relata la fiscalía.

Agrega la imputación contra el legislador que usó esos documentos y así hacerse pasar por un abogado ante la cámara baja donde inicialmente desempeñó funciones lo que le valió incluso ser el representante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en representación de la cámara baja en ese entonces.

Según el informe estadístico del Ministerio Público asistieron a 6.079, niñas, niños y adolescentes víctimas de un hecho punible, en su mayoría víctimas de abusos sexual, maltrato o estupro.

De acuerdo con los Datos Abiertos del Ministerio Público, en el año 2023, fueron atendidas 6.079 víctimas de varios hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Se registran unas 16 víctimas por día, según el reporte.  Se observa una disminución de 300 hechos menos en relación al 2022, en casos de abuso sexual infantil. No obstante, se señala un aumento de 100 casos de maltrato y 40 casos más de estupro.

Del total de casos, 9 víctimas fueron atendidas por día por abuso sexual en niños.

De la cifra global se desprenden 3.543 casos de abuso sexual en niños, 1.559 de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 851 de estupro, 108 de pornografía relativa a niños y adolescentes, 11 casos de abusos por medios tecnológicos y 7 de actos homosexuales con adolescentes.

En tal sentido, las especificaciones reflejan que hubo 1.410 casos de abuso sexual en niños en Central, 351 en Alto Paraná, 338 en Asunción, 246 en Itapúa, 180 en Caaguazú, 133 en San Pedro, 122 en Cordillera, 107 en Presidente Hayes, 106 en Canindeyú, 105 en Amambay, 96 en Paraguarí, 94 en Guairá, 72 en Concepción, 60 en Misiones, 57 en Caazapá, 38 en Boquerón, 13 en Alto Paraguay y 15 en Ñeembucú.

Además, en cuanto a Maltrato de niños y adolescentes bajo tutela se procesaron 797 causas ingresadas en Central, asimismo 172 en Alto Paraná, 170 en Asunción, 56 en Caaguazú, 47 en San Pedro, 38 en Itapúa y Cordillera, 37 en Amambay al igual que en Paraguarí, 34 en Presidente Hayes, 27 en Concepción así como en Misiones, 23 en Ñeembucú, 19 en Guairá, 14 en Canindeyú, 13 en Boquerón, 7 en Caazapá y 3 en Alto Paraguay.

Asimismo, en cuanto a Estupro, Central tuvo 244, Alto Paraná 110, Asunción 73, Caazapá 71, Guairá 56, Caaguazú 53, Itapúa 51, Paraguarí 39, San Pedro 33, Boquerón 20 al igual que Cordillera y Misiones, Presidente Hayes 19, Canindeyú 15, Concepción 10, Ñeembucú 7 así como Amambay, y Alto Paraguay 3.

En lo que respecta a pornografía relativa a niños y adolescentes, Asunción tuvo el pico de causas ingresadas con 62, seguida por las 20 de Central, igualmente, Caaguazú registró 5, San Pedro y Guairá 4 cada una, Cordillera y Alto Paraná 3 en ambos casos, Ñeembucú 2, y se dio 1 caso en Concepción, Caazapá, Itapúa, Misiones y Paraguarí.