Una jueza emitió una resolución por la cual solicita al Ministerio de la Niñez y Adolescencia “dejar de judicializar la pobreza” y aplicar políticas públicas a un problema real y social que es la pobreza.
La jueza de la niñez y Adolescencia Mónica Duarte de Santa Rosa del Aguaray, en un expediente abierto a una madre (recién viuda) por supuesto abandono, contó que la madre debe trabajar para mantener a sus cinco hijos y que la familia vive en condiciones de extrema pobreza, con una casa de tacuara, con baño de letrina y conexión directa de electricidad.
Duarte expresa que no todos los casos pueden ser judicializados y que es necesario brindar una asistencia a estas familias para ayudarnos a sobrellevar su crítica situación. Que no es posible judicializar todos los casos y que el Poder Judicial no puede resolver los dramas sociales como sí lo puede hacer el Ministerio de la Niñez aplicando políticas públicas y debe constatar la realidad de cada familia para someter a un proceso a una madre que está tratando de mantener a su familia como puede, como lo es este caso.
“El MNNA, no puede ser simple “derivador de casos” sin que realice un seguimiento. Que, si bien adopta medidas de protección el juzgado de la Niñez, como advertirle a la madre de su responsabilidad sin embargo hay cuestiones que no compete al ámbito judicial. La tarea jurisdiccional no está para suplir con su actuación las carencias sociales. Porque sería doble carga para la madre, siendo sola en la crianza de los hijos y a la vez un control judicial que no le aporta mucho al desarrollo de sus niños” señala la resolución.
La magistrada además pide a esta Cartera de Estado que arbitre los medios para que la mujer acceda a programas del gobierno como Teko Pora o Tenondera, así como la intervención del Indert para documentar el terreno donde la mujer reside con sus niños al igual que la Secretaría de la Mujer.
La madre trabaja de empleada doméstica medio día, a la vez cría gallinas para venderlo, al igual que sus huevos para alimentar a sus hijos que se encuentran escolarizados y deben caminar a la vez tres kilómetros para ir a la escuela y están atendidos en su salud y que dejó de recibir tekopora por vencimiento de los meses para esta ayuda social y debe trabajar para criar a sus hijos. La denuncia decía que les dejaba solos, cuando se constató que no tenía otra alternativa y además se encuentran adolescentes y están a tres casas de los abuelos paternos quienes lejos de coadyuvar con la crianza han presentado la denuncia telefónica.
El juzgado también remitió oficio al Ministerio de desarrollo social que le incluya en programas sociales y exhorta así al MNNA que además de recibir la denuncia también pueda cerciorarse conocer el resultado de la intervención judicial que le comunica que existe un problema social, de pobreza, y que pueda dar solución al caso que no es competencia del Poder Judicial.
