El Ministerio Público imputó por lavado de dinero y frustración de la persecución penal a Óscar Boidanich y otros exfuncionarios altos de la Secretaría de Prevención de la Lavado de Dinero, Sepredad.
Además de Boidanich, fueron imputadas Raquel Cuevas Arzamendia y Melissa Parodi por los mismos hechos punibles imputados al extitular de esta secretaría de Estado.
Según expresa la imputación de los cinco agentes fiscales que investigan el hecho, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas reiteradas , quien el 14 de octubre habría remitido a la Seprelad una nota de descargo en la que solicitaba que se retire cualquier antecedente que exista en contra suya, la cual fue respondida, el 31 de octubre del 2016 por nota SEPRELAD/SE N° 553/16, emitida por el ministro en aquel entonces, de la SEPRELAD, Óscar Boidanich, hoy imputado.
Relata la imputación de Ministerio Público que en el 2016 el Banco Continental remitió a la Seprelad, un Reporte de Operaciones Sospechosas ROS, respecto a la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer, por exceso de límite operativo autorizado y por insuficiencia documental.
“En la Seprelad el ROS habría sido recibido en el Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos de la DGAF (Dirección General de Análisis Financiero), a cargo de Melissa Parodi. Aparentemente Darío Messer y sus empresas ya habrían sido objeto de dos ROS anteriores, uno del 2012 (Sudameris Bank) y otro del 2015 (Banco Nacional de Fomento), lo que habría motivado que el ROS del año 2016 fuera categorizado como de riesgo alto y se habría dado inicio al caso CHASA605530091, con la recopilación de información y la designación de un analista financiero (Fidel Oviedo) para el estudio de los datos. Todas estas situaciones presuntamente ya se encontraban en conocimiento de Oscar Boidanich, Raquel Cuevas, y Melissa Parodi”, dice la imputación.
Los fiscales que integran el equipo son, Alma Zayas Deny Yoon Pak, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce quienes solicitan la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los indiciados y un plazo de seis meses para acusarlos.
