El caso se relaciona con una serie de presuntas violaciones procesales en el marco de los juicios políticos que culminaron con las destituciones de las presuntas víctimas, Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, de sus cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en el año 2003.
La audiencia pública iniciará a las 11:00 de nuestro país, y será transmitido en vivo a través de la cuenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en YouTube.
La denuncia de Ríos Ávalos, acompañada por la CIDH, sostiene que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos.
En este sentido, se argumenta que, posteriormente a la acusación de las presuntas víctimas, la Cámara de Senadores emitió la Resolución No. 222 la cual estableció el Reglamento para la Tramitación del Juicio Político, así como normas procesales para el juicio político que tuvieron un impacto sustantivo en el ejercicio del derecho de defensa y en otros aspectos relacionados con las garantías del debido proceso.
Por otra parte, se alude que el Estado violó el derecho a contar con un juez imparcial tomando en cuenta que el reglamento emitido no permitía las recusaciones contra el órgano disciplinario.
Asimismo, se arguye la violación del principio de independencia judicial, el principio de legalidad y el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas, dado que la decisión que destituyó a las víctimas no contiene motivación y se limita a indicar que se aprobó la moción para removerlos.
Además, se alega que el Estado violó el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la protección judicial, pues el Reglamento para la Tramitación del Juicio Político expresaba que las resoluciones que dicte la Cámara de Senadores como Tribunal no podrán ser objeto de recurso alguno.
¿Qué son las audiencias públicas de la Corte IDH?
En el marco de la competencia contenciosa del Tribunal, el proceso de elaboración de una sentencia comprende varias etapas que combinan la naturaleza escrita y oral. La segunda etapa, esencialmente oral, se expresa en la audiencia pública, que suele durar aproximadamente un día y medio. En dicha audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone los fundamentos de la presentación del caso ante la Corte IDH, y de cualquier otro asunto que considere relevante para la resolución del mismo.
A continuación, los jueces del Tribunal escuchan a los peritos, testigos y presuntas víctimas convocados mediante resolución, quienes son interrogados por las partes (la CIDH únicamente respecto de peritos) y, de ser el caso, por los jueces. Seguidamente, la Presidencia concede la palabra a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado demandado para que expongan sus alegatos sobre el fondo del caso. Posteriormente, la presidencia otorga a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado, respectivamente, la posibilidad de una réplica y una dúplica. Concluidos los alegatos, la CIDH presenta sus observaciones finales, luego de lo cual tienen lugar las preguntas finales que realizan los jueces a las partes.
