La imputación fiscal contra Santiago Peña expone una trama que va más allá de la permanencia de fondos públicos en Ueno Bank. El Ministerio Público también le atribuye haber recibido dos préstamos por G. 3.548 millones para construir su vivienda en San Bernardino, con cuotas que equivalían a seis veces su salario presidencial, y haber respaldado públicamente a la entidad mientras los organismos de control advertían sobre su delicada situación financiera.
Santiago Peña pasó su segunda noche en una dependencia castrense, en cumplimiento de la decisión del juez Humberto Otazú, en el marco del proceso penal que afronta por los presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Sin embargo, el contenido de la imputación fiscal revela una serie de hechos que amplían considerablemente el alcance de las sospechas que pesan sobre el mandatario.
La Fiscalía no solo le atribuye haber permitido y mantenido fondos públicos en Ueno Bank, entidad que posteriormente ingresó en un procedimiento de resolución bancaria. También describe una relación crediticia con la institución y una sucesión de pronunciamientos públicos mediante los cuales, según la hipótesis fiscal, Peña habría contribuido a sostener la confianza en el banco, pese a las advertencias técnicas sobre sus operaciones y su situación patrimonial.
Uno de los puntos más sensibles de la imputación guarda relación con dos préstamos que Ueno Bank habría otorgado simultáneamente a Santiago Peña Palacios por un total de G. 3.548.000.000, destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, ambos créditos contemplaban cuotas mensuales de G. 239 millones, una obligación equivalente a seis veces la remuneración presidencial. La Fiscalía incorpora esta operación dentro del contexto de los vínculos financieros entre Peña y la entidad bancaria, cuya situación patrimonial posteriormente se agravaría.
Pero la imputación no se limita a las operaciones crediticias. También reconstruye tres intervenciones públicas del presidente que, para los investigadores, adquieren relevancia al ser contrastadas con las alertas y observaciones formuladas por los organismos de supervisión.
El primer episodio se remonta al 20 de octubre de 2024. En aquella oportunidad, Peña descalificó los cuestionamientos relacionados con la concentración de fondos públicos en la entidad, a los que calificó como una «campaña mediática mezquina, mentirosa».
El segundo pronunciamiento ocurrió el 9 de octubre de 2026, quince días después de que el Banco Central del Paraguay abriera un sumario administrativo contra Ueno Bank por operaciones prohibidas. Según la imputación, Peña lamentó la filtración de documentos internos considerados secretos, sostuvo que las infracciones eran un asunto «eminentemente técnico» y aseguró que la entidad no sería intervenida ni cerrada.
El tercer episodio tuvo lugar el 27 de octubre de 2026, cinco días después de que Ueno respondiera a los ajustes de riesgo exigidos por la Superintendencia de Bancos y seis días antes de la resolución bancaria. En ese momento, el mandatario pidió «calma y prudencia» y afirmó que los préstamos a empresas vinculadas no representaban un riesgo para el sistema, además de asegurar que el BCP contaba con «todas las herramientas» de supervisión.
Para la Fiscalía, estos pronunciamientos adquieren especial relevancia porque se habrían producido mientras existían informes técnicos que advertían sobre irregularidades en operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de Ueno Bank S.A.
Pese a ese escenario, Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de la entidad, sin que se adoptaran medidas precautorias respecto de los fondos públicos depositados en el banco, sostiene la hipótesis fiscal.
DEPÓSITOS EN MEDIO DE LAS ALERTAS
Otro aspecto incorporado a la imputación comprende las campañas de captación de depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) desarrolladas por Ueno Bank entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.
Durante ese periodo, la entidad habría impulsado promociones y beneficios para atraer nuevos recursos de los ahorristas, mientras persistían las observaciones técnicas formuladas por los órganos de supervisión.
El desenlace se produjo el 2 de noviembre de 2026, cuando el Directorio del Banco Central del Paraguay dispuso el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank S.A. La decisión se habría sustentado en que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo legal exigido, un indicador que evidenciaba la gravedad de su situación patrimonial.
A partir de ese procedimiento, los depósitos de los ahorristas quedaron sujetos a las restricciones y mecanismos legales correspondientes, lo que hizo necesaria la activación de los mecanismos de protección contemplados en el régimen del Fondo de Garantía de Depósitos.
LAS PREGUNTAS QUE DEJA LA IMPUTACIÓN
La hipótesis fiscal coloca en un mismo escenario tres cuestiones especialmente delicadas: la permanencia de fondos públicos en una entidad bajo observación, los millonarios créditos que el banco habría concedido al propio Peña y sus declaraciones públicas en defensa de la solvencia de la institución.
La investigación deberá dcomprobar qué conocimiento tenía el mandatario sobre las advertencias de los organismos de control, qué decisiones adoptó o dejó de adoptar frente a ellas y cuál fue la relación entre sus intereses financieros particulares y las responsabilidades inherentes a su cargo.
Por ahora, se trata de hechos y conductas atribuidos por el Ministerio Público que deberán ser acreditados durante la investigación. Pero el contenido de la imputación plantea un interrogante central: ¿hasta dónde llegaron los vínculos financieros y políticos entre Santiago Peña y un banco que terminó sometido a un procedimiento de resolución, mientras allí permanecían fondos públicos y se captaban nuevos depósitos de ahorristas?.
