La Justicia paraguaya avanza en la elaboración de nuevas herramientas para agilizar el aseguramiento y posterior comiso de bienes vinculados al crimen organizado, mediante una mayor coordinación entre los juzgados, el RUN y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La camarista Silvana Luraghi, secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal (OTP), explicó a Judiciales Net que se vienen desarrollando reuniones interinstitucionales con el objetivo de mejorar el flujo de información y reducir las demoras en el cumplimiento de las resoluciones judiciales relacionadas con medidas cautelares y comisos.
Luraghi señaló que actualmente se están afinando los detalles de una acordada que establecerá criterios para el trámite de los oficios emitidos por los juzgados de Garantías, Sentencia y Ejecución, particularmente aquellos vinculados al aseguramiento de bienes.
“Estamos ajustando detalles de una acordada sobre oficios judiciales de juzgados de garantías, sentencia y ejecución sobre comisos y medidas cautelares para asegurar bienes”, explicó la magistrada especializada.
Uno de los principales puntos que contempla la propuesta es la creación de una oficina dentro de Registros Públicos, destinada específicamente al seguimiento de los comisos. La dependencia tendría entre sus funciones el control del cumplimiento de las órdenes judiciales y permitiría contar con un canal más directo entre los órganos jurisdiccionales y el sistema registral.
La secretaria ejecutiva de la OTP indicó que la finalidad de estas acciones es lograr una comunicación más rápida y eficiente entre los juzgados penales, Registros Públicos y Senabico, especialmente cuando existen bienes que deben ser asegurados en el marco de una investigación o proceso judicial.
Oficina Técnica de Comisos ya brinda apoyo a los jueces
En la actualidad, la estructura judicial cuenta con una Oficina Técnica de Comisos, cuya función es apoyar a los magistrados en las gestiones necesarias ante Registros Públicos. La nueva dependencia proyectada dentro del sistema registral apunta a complementar esa tarea y establecer un mecanismo de control sobre el cumplimiento efectivo de las resoluciones.
“Se cuenta con una oficina técnica de comisos que apoya la labor de los jueces ante Registros Públicos y ahora se proyecta contar con una oficina dentro de Registros para el control de cumplimiento de las órdenes judiciales”, precisó Luraghi.
La iniciativa adquiere especial relevancia debido al volumen y valor de los bienes afectados en causas de gran impacto, cuyos procesos se encuentran actualmente en etapas en las que resulta fundamental garantizar la ejecución de las decisiones judiciales.
Casos Messer y A Ultranza, entre los desafíos
La magistrada destacó que el sistema se encuentra ante un escenario particularmente relevante, debido a la necesidad de avanzar en el cumplimiento de sentencias emblemáticas como la relacionada con Darío Messer y el caso A Ultranza, donde existen bienes de millonario valor que, conforme a las resoluciones judiciales, deben pasar al Estado.
En este contexto, Luraghi considera fundamental optimizar los mecanismos registrales, de modo que las órdenes emitidas por los jueces puedan ejecutarse con mayor rapidez y trazabilidad.
La acordada que se encuentra en etapa de ajustes busca precisamente establecer un procedimiento que permita ordenar y transparentar la comunicación entre las instituciones involucradas. El objetivo final es fortalecer el proceso de comiso y asegurar que los bienes alcanzados por las decisiones judiciales sean correctamente identificados, registrados y puestos a disposición del Estado cuando corresponda.
La apuesta institucional apunta así a cerrar uno de los puntos sensibles en la ejecución de este tipo de resoluciones: que una decisión judicial sobre un bien no quede limitada al expediente, sino que pueda traducirse en un cumplimiento efectivo dentro del sistema registral y administrativo.
