La Corte Suprema de Justicia ha tomado medidas para “blindar” la institución y evitar una nueva influencia como la que tuvo el ministro jubilado Antonio Fretes, salpicado por hechos de corrupción. En la sesión de hoy, se resolvió que, tanto los Registros Públicos como otras dependencias generales del Poder Judicial, pasarán bajo el dominio del Consejo de Superintendencia y de la Corte.
Con ello se pone fin a la era Fretes, quien tenía bajo su dominio unas 15 direcciones de mucha relevancia. Estas direcciones pasarán directamente a depender de los integrantes del Consejo de turno. “Se comunica que el Consejo resolvió la actualización del organigrama de la CSJ, se trata de reencausar un poco las distintas direcciones generales que estaban dispersas, se trata de poner bajo la estructura del Consejo y finalmente del pleno. Es una nueva estructura orgánica de la Corte” refirió el presidente de la Corte, César Diesel.
Con ello, ya no habrá intermediación o encargaduría de ningún ministro en particular, será el Consejo de Superintendencia el que tendrá a su cargo el control y dominio sobre dichas direcciones generales. La Corte Suprema de Justicia busca dejar atrás con estas decisiones las eternas irregularidades que permiten los manejos turbios de las dependencias que tienen una finalidad noble dentro del sistema de justicia.
Antonio Fretes fue un ministro de la Corte Suprema de Justicia que, poco antes de su jubilación, se vio obligado a pedir permiso en lo que respecta a su cargo como presidente de la máxima instancia judicial. Su hijo, Amílcar Fretes, ha estado en el ojo de la tormenta por un contrato de 368.000 dólares que firmó con el hijo de Kassem Mohamad Hijazi para impedir la extradición de este último a los Estados Unidos. Además, un Juzgado Civil y Comercial declaró en quiebra a Amílcar Fretes.
