El Ministerio Público atribuye al exmandatario una presunta intervención para favorecer la colocación y permanencia de millonarios fondos públicos y previsionales en Ueno Bank. También fue imputado el extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo. Los fiscales solicitaron prisión preventiva e inmovilización de bienes como medidas cautelares.
El Ministerio Público formuló imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos depositados en Ueno Bank S.A. y el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria.
La sospecha fiscal plantea la existencia de un presunto esquema que habría permitido a la entidad financiera captar y mantener millonarios recursos provenientes de instituciones públicas y cajas previsionales, mientras otorgaba créditos a sociedades relacionadas con su propio grupo económico.
En el requerimiento presentado ante la Justicia, los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez solicitaron al juzgado de Garantías la aplicación de la prisión preventiva para ambos imputados, además de la inmovilización de sus bienes como medidas cautelares.
Los cargos contra Peña y Carvallo
La imputación atribuye a Santiago Peña la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
En el caso de Carlos Carvallo Spalding, los fiscales le atribuyen presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por legisladores de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
Más de USD 233 millones y G. 3,6 billones de fondos públicos
Uno de los elementos centrales expuestos por los investigadores es la magnitud de los recursos públicos y previsionales que habrían sido depositados en Ueno Bank durante el periodo investigado.
Según un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a septiembre de 2026, los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en la entidad bancaria habrían alcanzado G. 3.608.550.782.201 y aproximadamente USD 233.400.495.
La nómina de instituciones mencionadas incluye al Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines y CAJUBI.
El documento fiscal también señala que, al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de Ueno Bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
Para los investigadores, las colocaciones de las instituciones públicas y previsionales, sumadas a los depósitos captados del público, integraban los recursos administrados por el banco. Sobre esa base, la Fiscalía busca determinar las responsabilidades que habrían existido en las decisiones relacionadas con la captación y administración de esos fondos.
La presunta intervención de Santiago Peña
Uno de los aspectos más sensibles de la imputación apunta directamente al papel que habría desempeñado Santiago Peña durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre agosto de 2023 y noviembre de 2026, Peña habría intervenido en el proceso mediante el cual distintas instituciones públicas y previsionales colocaron, renovaron y mantuvieron importantes sumas de dinero en Ueno Bank.
Los fiscales sostienen que esa intervención se habría producido pese a que el entonces presidente mantenía una relación económica y corporativa previa y directa con la entidad bancaria.
La investigación pretende establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Poder Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco y si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares.
El otro eje de la pesquisa se concentra en los créditos que Ueno Bank habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de instituciones públicas y previsionales.
La hipótesis fiscal busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Una investigación que alcanza al poder político y financiero
La imputación coloca bajo investigación penal decisiones vinculadas con la administración de miles de millones de guaraníes y cientos de millones de dólares provenientes de organismos estatales y cajas previsionales.
La solicitud de prisión preventiva y de inmovilización de bienes constituye ahora uno de los puntos que deberá analizar el juzgado de Garantías, que tendrá que resolver si corresponde imponer las medidas cautelares requeridas por los fiscales.
