La fiscala Verónica Valdez confirmó que, por el momento, el Ministerio Público sostiene los cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio atribuidos al expresidente. Sin embargo, aclaró que la calificación podría variar con el avance de la investigación y la incorporación de nuevos elementos probatorios.
La Fiscalía no resolvió, por ahora, ampliar ni modificar la calificación jurídica de los hechos atribuidos al expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por la presunta colocación de fondos públicos en Ueno Bank, entidad financiera vaciada. La agente fiscal Verónica Váldez confirmó que el Ministerio Público mantiene la calificación planteada en la imputación: lesión de confianza y administración en provecho propio.
No obstante, la representante del Ministerio Público dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos que permitan precisar las conductas atribuidas a los investigados.
«Lo que hace a la modificación de calificaciones no está descartada. Hasta el momento no es una decisión tomada del equipo de solicitar la ampliación de la calificación, pero, como expliqué, esto va a seguir siendo evaluado porque la investigación se realiza respecto a hechos», sostuvo Váldez.
La fiscala explicó que el objeto central de la pesquisa consiste en acreditar la existencia de determinados hechos y establecer posteriormente si estos se encuadran en figuras penales específicas. En ese sentido, precisó que los hechos atribuidos se encuentran fijados, por ahora, en carácter de sospecha.
«Los hechos ya están fijados en carácter de sospecha, pero al momento de presentar acusación esto puede variar, e incluso antes, con el avance de la investigación y de los elementos que se vayan recabando. Por el momento, esta es la calificación propuesta por el Ministerio Público», manifestó.
La aclaración tiene relevancia procesal: la calificación jurídica sostenida en la etapa de imputación no constituye necesariamente una definición inmutable para el resto del proceso. El Ministerio Público puede revisar su encuadre jurídico conforme se consoliden los resultados de las diligencias, siempre dentro de las exigencias legales y del respeto al derecho a la defensa.
La investigación no se limita a los imputados
Váldez también aclaró que las diligencias fiscales no se concentran exclusivamente en las personas que ya fueron imputadas. Según indicó, la investigación continúa respecto de otros exfuncionarios y personas que podrían tener algún grado de participación en los hechos bajo pesquisa.
«La investigación no se centra solo en los imputados, y sigue adelante con respecto a otros exfuncionarios, directores y hechos respecto a otras personas. Nosotros tenemos hipótesis y hacemos planificaciones que se convertirán en diligencias», señaló.
La declaración evidencia que el alcance de la investigación todavía no está cerrado y que el equipo fiscal trabaja sobre distintas hipótesis de participación, cuya eventual confirmación dependerá de los elementos que se obtengan.
Peña y la ruta de los fondos públicos
La pesquisa busca esclarecer las circunstancias en que se habrían colocado fondos públicos en Ueno Bank, así como determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a autoridades, exfuncionarios y directivos vinculados con las operaciones investigadas.
En ese contexto, la conducta del expresidente Santiago Peña constituye uno de los aspectos sometidos a investigación fiscal. Sin embargo, la existencia de una imputación y la atribución de una calificación jurídica en esta etapa no equivalen a una declaración de culpabilidad.
Por ahora, la Fiscalía mantiene los tipos penales de lesión de confianza y administración en provecho propio. La posibilidad de ampliar o modificar esa calificación permanece abierta, pero dependerá de los resultados de la investigación y no de una decisión ya adoptada por el equipo fiscal.
El desafío para el Ministerio Público será convertir las hipótesis en hechos respaldados por evidencias y establecer, de manera individualizada, qué intervención habría tenido cada persona en las operaciones financieras cuestionadas.
