Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora permanecen recluidos en carácter provisorio tras ser imputados por presunta lesión de confianza y asociación criminal. González también enfrenta cargos por supuesta producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los exintegrantes del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora, pasaron la primera noche privados de libertad en su lugar de reclusión provisoria, luego de ser imputados por el Ministerio Público en el marco de la investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a operaciones financieras relacionadas con Ueno Bank.
Los tres exdirectivos fueron imputados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. Además, uno de ellos enfrenta otras imputaciones por presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
La investigación fiscal apunta al supuesto conocimiento que habrían tenido los entonces integrantes del Directorio del BCP sobre una serie de irregularidades detectadas en operaciones crediticias vinculadas a empresas relacionadas con Ueno Bank.
De acuerdo con el acta de imputación, los investigadores sostienen que los exdirectivos habrían recibido informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios y otras operaciones financieras observadas. Sin embargo, pese a las alertas institucionales, presuntamente no habrían impulsado las medidas correctivas necesarias para evitar o frenar las situaciones advertidas.
Uno de los puntos centrales de la investigación guarda relación con el tratamiento que recibieron esos informes técnicos dentro de la estructura del Banco Central. La Fiscalía busca determinar qué información llegó efectivamente a conocimiento de los miembros del Directorio, qué decisiones fueron adoptadas y si existió una actuación coordinada para evitar que las observaciones tuvieran consecuencias institucionales.
La respuesta al Senado, otro elemento bajo investigación
Otro aspecto relevante de la causa tiene que ver con las comunicaciones oficiales remitidas por el BCP, particularmente una respuesta enviada a la Cámara de Senadores.
Según la hipótesis fiscal, ese documento habría omitido información relevante sobre las observaciones formuladas a determinadas operaciones crediticias. Esta circunstancia forma parte de las sospechas que sustentan las imputaciones adicionales por presunta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso contra uno de los exintegrantes del Directorio.
La investigación pretende establecer si las omisiones fueron producto de errores administrativos o si respondieron a una actuación deliberada para ocultar información que debía ser puesta en conocimiento de las autoridades legislativas.
Por ahora, el Ministerio Público profundiza las diligencias para reconstruir el circuito de decisiones institucionales y determinar las eventuales responsabilidades individuales en torno a las operaciones cuestionadas.
El caso coloca bajo escrutinio el papel que desempeñaron las máximas autoridades del organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero, así como la eficacia de los mecanismos de control frente a las alertas técnicas sobre operaciones crediticias que hoy forman parte de la investigación.
