La Cámara de Apelaciones de CDE revocó nueve decisiones de un inferior por violar el derecho a la defensa.
La Defensa Pública de Ejecución Penal de Ciudad del Este, a través de la defensora pública, Margarita Martínez, consiguió la revocación de nueve decisiones del Juzgado de Ejecución Penal y la anulación de una por parte de ambas Cámaras de Apelaciones de la Sexta Circunscripción Judicial. La Defensora Interviniente consiguió dichas resoluciones favorables, tras argumentar la violación del derecho a ser oído, de sus representados.
El motivo de los fallos recaídos en Segunda Instancia fue la vulneración del derecho a la defensa en el marco de la pandemia por el Covid_19, puesto que no se dio la posibilidad de que las personas representadas ejercieran su derecho a ser oídos.
La Defensa Pública, en sus alegatos, destacó que antes de tomarse la decisión de revocar la suspensión condicional del procedimiento del cual gozaban estas personas se debió escuchar las razones del por qué se produjeron ciertos incumplimientos de obligaciones impuestas por el Juez de Ejecución. Finalmente, ante este escenario el Tribunal de Apelación decidió revocar los fallos de primera instancia.
Las resoluciones revocadas que fueron objeto de apelación por la Defensa Pública de Ejecución fueron dictadas durante el lapso de mayor restricción de la pandemia y, en ese contexto, se invocó la inobservancia de principios y garantías que rigen en todo proceso y que tienen aún mayor relevancia en circunstancias especiales como una pandemia, como acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.
