Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda cuestionaron la viabilidad jurídica del proceso y advirtieron al Congreso que avanzar con el juicio político, sin respetar las garantías del debido proceso, podría exponer nuevamente a Paraguay a una demanda ante instancias internacionales. La defensa también cuestionó los plazos concedidos para preparar los descargos.
La defensa jurídica de Santiago Peña, encabezada por Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, cuestionó la viabilidad jurídica del juicio político impulsado contra el exmandatario y sostuvo que el procedimiento carece de sustento, atendiendo a que el mismo ya manifestó su voluntad de renunciar a la condición de senador vitalicio.
Los representantes legales plantearon que el juicio político constituye una garantía para ejercer el derecho a la defensa y advirtieron que continuar con el procedimiento en las condiciones actuales podría derivar en la nulidad del proceso y generar nuevas consecuencias jurídicas para el Estado paraguayo ante organismos internacionales.
Adolfo Ferreiro sostuvo que existe una interpretación equivocada sobre el alcance de la figura del senador vitalicio, al señalar que dicha condición no representa una garantía de impunidad.
«Se mal interpreta que la condición de senador vitalicio es una garantía de impunidad, el senador vitalicio es un senador como cualquier senador», expresó.
El abogado ratificó que, desde la perspectiva de la defensa, el juicio político no tiene viabilidad jurídica ni política y consideró que el Congreso debe corregir el curso del procedimiento para evitar eventuales consecuencias internacionales.
«Ratificamos como primer argumento que este juicio político no tiene ninguna viabilidad jurídica ni política. Se debe corregir esta situación y expone al país a una costosa sanción como Paraguay en caso de decidir una situación arbitraria», manifestó Ferreiro.
Cuestionamientos al debido proceso
Por su parte, Ricardo Preda centró sus cuestionamientos en las garantías procesales y, particularmente, en el tiempo otorgado para preparar la defensa. Sostuvo que, además de la falta de sentido del procedimiento tras la manifestación de voluntad de renunciar al cargo, existen vulneraciones elementales al debido proceso.
El abogado explicó que la notificación para ejercer la defensa llegó a las 22:15 y que, debido a los plazos establecidos, recién este viernes pudieron terminar de preparar los argumentos para responder a las acusaciones.
«Nosotros en primer lugar queremos poner énfasis en el debido proceso, si bien él ya indicó que este proceso no tiene sentido al haber renunciado al cargo. Tenemos que indicar que existen violaciones muy básicas del debido proceso en cuanto a los plazos», sostuvo.
Preda cuestionó que se pretenda desarrollar un procedimiento de esta naturaleza concediendo apenas unas horas para organizar la defensa, reunir elementos y preparar pruebas de descargo.
En ese sentido, hizo referencia a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las garantías procesales y el tiempo razonable para ejercer una defensa efectiva.
«Si la Corte Interamericana dice que dos días hábiles no son suficientes, ¿qué creen ustedes que dirán en este caso?», cuestionó.
El representante legal insistió en que el tiempo concedido dificulta seriamente la posibilidad de analizar las imputaciones y producir elementos para rebatirlas. Incluso señaló que, de contar con tiempo suficiente para estudiar íntegramente el contenido de la acusación, podrían desarrollar una respuesta más exhaustiva.
Advertencia sobre las reglas democráticas
Preda también amplió sus cuestionamientos al funcionamiento de las instituciones y advirtió sobre los riesgos de establecer procedimientos con reglas poco claras o modificadas según las circunstancias políticas.
«Nuestra vida histórica nos ha enseñado que las reglas de juego difusas por el grupo dominante del momento ha sido de los más dañino de la democracia, muchos de los defectos que tenemos en Paraguay es que no podemos separarnos de ese autoritarismo», expresó.
De esta manera, la defensa trasladó al Congreso una advertencia jurídica: considera que avanzar con el juicio político sin atender los cuestionamientos sobre la renuncia y las garantías del debido proceso podría abrir un nuevo frente de responsabilidad internacional para Paraguay.
El planteamiento de los abogados coloca en el centro de la controversia dos cuestiones que deberán ser examinadas en el ámbito institucional: la incidencia jurídica de la renuncia anunciada por el exmandatario y la suficiencia de los plazos otorgados para garantizar una defensa efectiva.
