La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien cuenta con dos procesos penales abiertos en la causa conocida como la «mafia de pagarés».
El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra el exintendente de Lambaré, Armando Gómez, acusado por el Ministerio Público de presuntamente desviar G 7 315 millones de guaraníes de fondos jubilatorios.
El ministro Alberto Martínez Simón informó durante el pleno de la Corte Suprema de Justicia que se está trabajando en la redacción de un formato para que los jueces de Paz lo usen como guía al archivar casos tramitados con defectos procesales.
La máxima instancia forma parte de un comité que busca impulsar la libertad de las personas que se encuentren recluidas por ilícitos sin relevancia, para que las mismas no terminen siendo captadas por grupos criminales.
Integrantes de la Comisión de Legislación del Congreso, debatieron con los ministros Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón la propuesta legislativa formulada por la Corte Suprema de Justicia como solución válida contra la mafia de pagarés.
Wilfrido Cáceres, exhombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos, recusó al juez Rodrigo Estigarribia. El acusado busca apartar al magistrado de su caso.
El Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Romina Onieva (presidente) y los magistrados Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, dictó la ejemplar condena al padrastro tras valorar las pruebas expuestas durante el juicio oral.
Ante publicaciones periodísticas que el Ministerio de Justicia considera maliciosas, la cartera aclaró que no existe ningún privilegio otorgado a la procesada Mikhaela Rolón.
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal ordenó inmovilizar tres inmuebles rurales que se encuentran a nombre del fallecido diputado. Recientemente, la causa penal fue archivada respecto al legislador, pero el proceso para el comiso de sus bienes prosigue.
Este viernes se inició formalmente el juicio oral y público al exministro de la SEN, Joaquín Roa, y a su amigo, el empresario Alberto Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de haber defraudado al Estado mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.
