El Ministerio Público, representado por el agente fiscal Rodrigo Espínola, logró una sentencia ejemplar de 28 años de prisión para Sebastián Esteche, hallado culpable del feminicidio de Deidamia Agüero Céspedes, ocurrido el 30 de agosto de 2022 en un inquilinato del barrio Don Bosco, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
A pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial ordenó una auditoría de gestión jurisdiccional del expediente en el que Miguel Cuevas fue condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito.
Según los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, los magistrados tenían pleno conocimiento de las irregularidades y firmaban resoluciones que autorizaban embargos preventivos sin notificación previa a los supuestos deudores. “Se valieron de la justicia para reclamar altas sumas de dinero mediante procedimientos totalmente ilegales”, señalaron los fiscales durante una conferencia de prensa.
La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en la prolongada causa por narcotráfico conocida como “Operativo Berilo”, tras constatar que el expediente lleva ocho años sin superar la etapa preliminar del proceso penal. A solicitud del ministro Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial del país ordenó la auditoría de todo el trámite de la causa, que ha sido objeto de múltiples incidentes y recusaciones que impidieron su avance.
El Ministerio Público formalizó acusaciones en el marco de uno de los más graves casos de corrupción que salpica directamente al Poder Judicial, conocido como el caso de la mafia de los pagarés, una red delictiva que operaba desde los Juzgados de Paz de Asunción, utilizando procedimientos judiciales para ejecutar deudas de forma fraudulenta.
El exconcejal de Luque, Óscar Rubén González Cháves, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en un fallo que confirma su responsabilidad penal en un caso de corrupción en la función pública.
La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo resolvió otorgar libertad ambulatoria a Lourdes Rocío Aranda, abogada y exasesora jurídica de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), imputada por el fiscal Luis Piñánez en el marco de una investigación por presunta estafa dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
El juzgado que entiende en la causa conocida como “Berilo”, en la que están procesados Reinaldo “Cucho” Cabaña el exdiputado Ulises Quintana y otros por delitos relacionados al tráfico internacional de drogas, resolvió apercibir a un procesado y un abogado defensor por presentar incidentes considerados dilatorios y carentes de fundamento legal, y los declaró litigantes de mala fe.
Ante el creciente número de niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos a causa de feminicidios en Paraguay, el sistema de justicia, a través de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y otros estamentos del Estado, se moviliza para brindar una respuesta rápida, humana y estructurada.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la competencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, encargado de juzgar la causa “A Ultranza Py”, considerada la mayor operación contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia del Paraguay.
