La justicia de Brasil sentenció a más de 18 años de prisión a un miembro clave de la red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas en la región, desbaratada con la operación Dakovo.
El juez Osmar Legal elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra 24 personas acusadas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, dentro del esquema montado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
El equipo fiscal que lleva adelante el caso conocido como la mafia de pagarés ha solicitado a los jueces que llevan las causas abiertas contra los magistrados imputados que autoricen la revisión de los teléfonos celulares de los jueces investigados.
El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Rossana Maldonado, rechazó el incidente de reposición planteado por los abogados de los condenados Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero. Por lo tanto, el juicio oral para elevar la pena respecto a ambos quedó suspendido, ya que el expediente fue remitido a la Cámara por el mismo incidente.
El abogado de la familia, Óscar Tuma, confirmó que han presentado un incidente por el cual requieren el cambio de la carátula del expediente relacionado al crimen organizado que lleva el nombre del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón afirmaron ante la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado que la Corte Suprema de Justicia ha hecho todo lo posible y se ha ocupado de tomar las decisiones para tratar de paliar lo ocurrido en los juzgados de Paz de la Capital.
El juez en lo Civil de Lambaré, Javier Gómez Arce, resolvió el embargo preventivo sobre empresas del grupo Cartes para cubrir los honorarios profesionales de la abogada Alejandra Peralta Merlo.
La defensa a cargo del abogado Ricardo Estigarribia, presentó una apelación especial contra la sentencia condenatoria al efectivo policial Gustavo Florentín, condenado a 24 años de cárcel por el homicidio doloso de Rodrigo Quintana en el interior del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El abogado y catedrático en Derecho Civil, Francisco Segura, sostiene que es necesario que el Código Civil sea actualizado, por tratarse de una norma que lleva más de tres décadas desde su aprobación y que, para su época, ya nació obsoleta.
La jueza penal de garantías del fuero especializado contra el crimen organizado, Rosarito Montanía, además de ordenar la reclusión de Gianina García Troche en la Cárcel Militar de Viñas Cué, impuso también una serie de medidas restrictivas.
