Desde marzo pasado está pendiente la recusación formulada por Daniel Lobo Corbeta por la defensa del pastor José Insfrán, hermano del acusado Miguel Infrán alias Tío Rico. La defensa del pastor busca apartar a la jueza de la causa Rosarito Montanía.
Para el Ministerio Público está probado que Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, lideraba un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y de allí enviarlo al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak lo acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Un hombre fue sentenciado a 20 años de cárcel por abuso sexual en niños donde resultó víctima en repetidas ocasiones su hija biológica desde que tenía solo 11 años.
Mediante un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación de Alto Paraná, permitirá que las personas privadas de libertad que hayan compurgado más de la mitad de su pena puedan realizar servicios comunitarios en la Gobernación.
El exagente fiscal Miguel Ángel Jara Servián, había promovido la millonaria demanda en el fuero civil buscando que el Estado le pague un millonario monto como indemnización ya que soportó un proceso penal por supuesta coima, pero, fue posteriormente desvinculado del caso.
La jueza de ejecución penal de Capital Sandra Kirchhofer, rechazó el pedido de libertad condicional solicitado por el condenado Job Von Zastrow Masi, sentenciado este año en procedimiento abreviado.
A pedido de la defensa la audiencia preliminar para Joaquín Roa y Alberto Koubé Ayala, quedó postergada para el próximo 27 de mayo. La diligencia debía practicarse en la fecha, pero, fue pospuesta por el juez de la causa Rodrigo Estigarribia a pedido de la defensa.
El Ministerio Público allanó este lunes una lujosa vivienda, que pertenecería al funcionario municipal Wilfrido Cáceres, hombre de confianza del intendente de Asunción Oscar Rodríguez quien se desempeñó como director de administración y finanzas durante la pandemia del Covid-19.
El juez José Agustín Delmás ratificó el arresto domiciliario de la actuaria Juliana Romero la única imputada por el camuflaje o desaparición del expediente del usurero luqueño Ramón González Daher.
Ocho funcionarios de la Administración Nacional De Electricidad, ANDE fueron imputados por asociación criminal, estafa y otros hechos punibles por estar bajo la sospecha de haber robado cables y ocasionaron un perjuicio millonario a la institución.
