La defensora general Lorena Segovia, se refirió al reciente caso de un hombre que fue a prisión por hurtar un paquete de carne, dijo que la aplicación de la prisión preventiva decretada en este caso es irracional y acarrea efectos nocivos que afectan no solo a los derechos humanos del procesado sino a la seguridad, ya que es una forma de alimentar al crimen organizado.
La abogada y activista social Esther Roa durante una entrevista a ABC TV, dijo que el Ministerio Público debió allanar las oficinas del Recursos Humanos de ambas cámaras del Congreso para incautar el legajo de los funcionarios indiciados.
El ministro Víctor Ríos mantuvo una reunión en plena feria con sus colaboradores cercanos para una evaluación del trabajo realizado durante el año pasado y las proyecciones para este 2024.
La presidenta de la Sala Penal la ministra Carolina Llanes, recordó a los jueces de garantías evitar el abuso de la prisión preventiva con la aplicación racional de la norma y el uso del “sentido común” para su aplicación.
Inician las primeras conversaciones con miras a la integración del nuevo Consejo de Superintendencia periodo 2024 y parte del 2025, es decir, presidente de la Corte y vicepresidentes, así como la presidencia de las Salas de la Corte Suprema de Justicia.
Esther Roa presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y activista social, confirmó que hoy presentarán el pedido de inclusión de la causa de Hernán Rivas al Observatorio para realizar un control ciudadano.
Según el informe estadístico del Ministerio Público asistieron a 6.079, niñas, niños y adolescentes víctimas de un hecho punible, en su mayoría víctimas de abusos sexual, maltrato o estupro.
La defensora general Lorena Segovia, insta a los usuarios del Ministerio de la Defensa Pública acudir a las oficinas de mediación como mecanismo para dirimir sus conflictos.
El abogado Guillermo Duarte defensor del exdiputado Miguel Cuevas, presentó un recurso extraordinario de casación contra la sentencia de cinco años aplicada a su cliente por enriquecimiento ilícito.
A pedido de la Defensa Pública se anuló un proceso penal respecto a Lucila una joven de 30 años, trabajadora independiente que fue sindicada por la fiscalía como cómplice de un hecho punible.
