El juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Miguel Vázquez y otros cinco directivos de Ueno Bank, mientras que dos mujeres procesadas cumplirán arresto domiciliario con tobilleras electrónicas por tener hijos pequeños. La causa investiga un presunto esquema de operaciones crediticias irregulares, préstamos sin garantías suficientes y transferencias millonarias entre empresas vinculadas.
La investigación por el presunto vaciamiento de Ueno Bank avanzó con la imposición de las primeras medidas cautelares personales. El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Pedro Daniel Rey, Alejandro Gómez, Diego Duarte y Miguel Ángel Almada, quienes deberán guardar reclusión en un establecimiento penitenciario.
En cuanto a las dos mujeres procesadas, el magistrado dispuso el arresto domiciliario, atendiendo a que ambas tienen hijos pequeños. La medida estará acompañada de dispositivos de monitoreo electrónico.
Estigarribia también ordenó a las autoridades penitenciarias adoptar las medidas necesarias para impedir que los procesados permanezcan en una misma celda. Además, estableció expresamente la prohibición de comunicación entre ellos.
La decisión representa el primer conjunto de medidas cautelares personales y patrimoniales adoptadas en el marco de la causa que involucra a 27 personas, entre directivos bancarios, empresarios y representantes de distintas sociedades comerciales.
Préstamos millonarios y transferencias entre empresas vinculadas
La imputación fiscal, cuyos detalles ya fueron informados por Judiciales.net, describe un presunto esquema de operaciones financieras que habría comprometido los activos de Ueno Bank durante los años 2025 y 2026.
La hipótesis del Ministerio Público apunta a que desde la estructura directiva de la entidad se habrían autorizado préstamos y sobregiros a empresas vinculadas al mismo grupo económico, pese a que algunas de ellas no reunirían condiciones financieras suficientes para asumir esos compromisos.
Entre las principales operaciones cuestionadas aparecen los créditos concedidos a MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., sociedades que inicialmente figuraban como vinculadas a Ueno Bank.
Según el relato fiscal, en octubre de 2025 el banco solicitó al organismo supervisor que estas empresas dejaran de integrar esa clasificación, sin acompañar documentación suficiente para respaldar el pedido.
Sin embargo, pese a que no existía una autorización formal de la Superintendencia de Bancos para concretar esa desvinculación, la entidad habría continuado otorgándoles préstamos y habilitando sobregiros.
La Fiscalía cuestiona las condiciones de esos financiamientos, entre ellas la falta de garantías reales suficientes, los montos desproporcionados respecto de la capacidad económica de las prestatarias, los plazos extensos y las deficiencias en los análisis de riesgo.
El dinero habría terminado en otras sociedades
Uno de los aspectos centrales de la imputación es el recorrido que habrían tenido los fondos desembolsados por Ueno Bank.
La investigación sostiene que parte de los recursos otorgados a las empresas prestatarias era transferida casi inmediatamente a otras sociedades vinculadas al grupo económico, entre ellas ITTI S.A.E.C.A., REDISA y REDIPRO.
Esos fondos habrían sido utilizados para cancelar sobregiros, cubrir obligaciones financieras, pagar facturas y atender compromisos de otras empresas relacionadas.
En el caso de Grupo M S.A., por ejemplo, la documentación analizada habría permitido identificar transferencias de los préstamos hacia ITTI, Red Digital S.A. y KAITEL S.A.
La Fiscalía también cuestiona la capacidad real de pago de las empresas beneficiarias. En uno de los casos, Grupo M registraba pasivos por G. 126.776 millones frente a un patrimonio neto de apenas G. 5.327 millones, una relación que, según los investigadores, evidenciaba un elevado nivel de endeudamiento.
La hipótesis fiscal es que los créditos no necesariamente financiaban actividades productivas de las empresas que los recibían, sino que servían para sostener compromisos financieros de otras sociedades del mismo entorno empresarial.
