La sentencia condenatoria de 10 años de cárcel emitida contra Hugo Javier González exgobernador de Central y otros condenados, se convierte en la primera sentencia ejemplar del año aplicada por hechos de corrupción pública dictada en nuestro país.
Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia.
El juez especializado Matías Garcete integrante de la Oficina Técnica Penal OTP, señaló a Judiciales Net que actualmente se encuentran trabajando sobre una propuesta que permita un acceso más ágil a las pruebas virtuales que se encuentran en fuentes públicas o abiertas.
Las agentes fiscales Nathalia Silva, Sara Torres y Luz Guerrero, presentaron un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la cámara de apelaciones que confirmó el 17 diciembre pasado, la absolución de la pediatra Laura Sena.
Según los números de la Dirección de datos abiertos del Ministerio Público, recibieron un total de 283.624 denuncias durante todo el 2024. Entre los hechos punibles más denunciados está la de violencia familiar y el incumplimiento del deber legal alimentario.
Según el informe de gestión de la Penal de la Corte Suprema de Justicia de un total de 1.547 casos recibidos durante el año pasado, se emitieron 628 Acuerdos y Sentencias.
El juez Amado Yururan Díaz, volvió a recusar al juez de garantías que lleva su caso e igualmente al pleno del tribunal de apelación que debe estudiar esta recusación ya que según dijo en tiempo récord han resuelto sus incidencias sin respetar los plazos procesales.
Bernardo Villalba uno de los defensores del acusado exgobernador del departamento Central, sostuvo en sus alegatos finales que el Ministerio Público no probó el hecho punible y el nexo causal respecto al acusado para quien se pidió ocho años de cárcel por lesión de confianza y otros.
Desde este lunes 30 se inicia el uso progresivo de las tobilleras electrónicas como dispositivos de control en casos de personas con arresto domiciliario y medidas de restricción en los casos de violencia familiar.
La jueza Rosarito Montanía instó al Ministerio Público indagar quienes son los funcionarios corruptos que entregaron documentación relacionada a la investigación al presunto narco Diego Rojas García cuya prisión fue decretada este domingo por la jueza especializada.
