La jueza Greta Aquino, a cargo de la demanda promovida por vecinos de Zárate Isla contra la firma PREFORTE, hizo lugar al amparo constitucional y ordena a la empresa que suspenda las obras en un plazo de cinco días.
Ante el decreto ejecutivo N.º 4.122/25, que establece el reajuste del salario mínimo ahora en G. 2.899.048 mensuales, también sube automáticamente el valor de la cuota alimentaria en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
En el marco del amparo promovido por vecinos de Zárate Isla, quienes se oponen a la instalación de una industria hormigonera, la Municipalidad de Luque informó al juzgado que otras cinco empresas ya operan en la zona, incluyendo una matadería.
Este lunes debía realizarse la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex hombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos. El acusado recurrió la ratificación en la causa del juez Rodrigo Estigarribia, insiste en apartar al magistrado de su caso.
El agente fiscal Silvio Corbeta, presentó este lunes sus alegatos iniciales en el marco del juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional SEN Joaquín Roa Burgos. Son 11 contratos irregulares que menciona el Ministerio Público.
Un reciente informe de la Dirección de Medio Ambiente del Poder Judicial revela la falta de interés de los operadores de justicia por la reparación efectiva del daño ambiental.
Bajo la figura del amicus curiae (“amigo de la Corte”), tres organizaciones no gubernamentales buscan presentar sus aportes en defensa de la libertad de expresión y prensa ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional.
La grave situación fue expuesta en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó uno de los ministros, esas sentencias firmes de la Sala Penal no se ejecutan porque, supuestamente, se encuentran recurridas ante la Sala Constitucional, lo cual resulta irregular e inaceptable.
La abogada Noelia Núñez realizó una grave denuncia contra el agente fiscal Bernardo Javier Elizaur, quien permitió, durante un allanamiento en un caso que investiga, que el denunciante manipulara evidencias para verificar si eran de su propiedad, hecho que debería haber realizado un técnico del Ministerio Público.
La cámara de apelaciones, confirmó la condena de 25 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su hija biológica y hasta la embarazó. La abuela de la víctima también fue sentenciada a 15 años de cárcel por complicidad según el tribunal.
