Una resolución judicial dejó sin efecto un proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso y dispuso la devolución de G. 21.680.000 a un funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en una causa enmarcada dentro de los casos investigados bajo el denominado esquema de la «mafia de los pagarés».
La decisión fue adoptada luego de una intervención del defensor público Juan Emilio Arce Amarilla, que solicitó la revisión del expediente tras una consulta realizada por el afectado, Carlos Derlis López Cabrera, quien denunciaba descuentos en su salario derivados de un embargo ordenado en el marco de un juicio de cobro de guaraníes promovido por una empresa privada.
Según los antecedentes, el defensor público Arce Amarilla, responsable de la unidad civil especializada en estos casos en la ciudad de Luque, requirió la localización del expediente principal al amparo de la Ley N.º 7614/25, normativa que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y procesos de cobro de guaraníes.
Transcurrido el plazo legal sin que se pudiera ubicarse el expediente, se inició el proceso de reconstitución de las actuaciones y se logró el levantamiento del embargo que afectaba al trabajador. Posteriormente, un informe emitido por la Sección de Estadísticas de los Tribunales concluyó que la causa cuya reconstrucción se intentaba no figuraba registrada en el sistema judicial.
A partir de esa constatación, la Defensa Pública promovió un incidente de nulidad de actuaciones, solicitando además la devolución de los fondos que se encontraban depositados en una cuenta judicial vinculada al proceso.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 480, del 25 de mayo de 2026, el juez de Paz de Mariano Roque Alonso, Fidelino Cáceres, resolvió declarar la nulidad del juicio y retrotraer las actuaciones al estado anterior a la admisión de la demanda. Asimismo, ordenó la restitución de G. 21.680.000 a favor del demandado, suma que será entregada mediante cheque judicial.
El caso constituye una de las resoluciones dictadas en el contexto de la revisión de procesos vinculados a presuntas irregularidades en juicios ejecutivos y cobros compulsivos. Desde la Defensa Pública señalaron que la aplicación de la Ley N.º 7614/25 busca garantizar la transparencia de los procedimientos y la protección de los derechos de las personas afectadas por causas que presentan inconsistencias documentales o procesales.
