El Ministerio Público amplió la imputación contra el expresidente de la República, Santiago Peña; el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y el superintendente de Bancos, al incorporar el hecho punible de asociación criminal. La Fiscalía sostiene que las autoridades habrían integrado una estructura organizada para favorecer intereses vinculados al Grupo Vázquez y Ueno Bank. Otros tres exdirectores del BCP también fueron imputados por asociación criminal y lesión de confianza.
La investigación penal por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank sube de escala con nuevas imputaciones contra exautoridades del Gobierno y del Banco Central del Paraguay. Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González formularon nuevas imputaciones en el marco de la causa penal N.º 92/2026.
Entre los nuevos imputados se encuentra el expresidente de la República, Santiago Peña, junto con el expresidente del BCP y el superintendente de Bancos, quienes fueron imputados por el supuesto hecho punible de asociación criminal.
La nueva calificación penal se suma a las imputaciones que ya pesaban sobre los investigados y representa una ampliación del alcance de la sospecha fiscal. La Fiscalía considera que los elementos reunidos permiten sostener la existencia de una estructura organizada, con distribución de funciones y participación de autoridades de distintos niveles del Estado, que habría operado para favorecer intereses vinculados al conglomerado empresarial relacionado con el Grupo Vázquez y Ueno Bank.
La hipótesis del Ministerio Público apunta a que las actuaciones y omisiones de las autoridades investigadas no habrían sido hechos aislados, sino parte de un esquema coordinado cuya finalidad habría sido beneficiar intereses particulares en perjuicio de los mecanismos de regulación y supervisión del sistema financiero.
Otros tres exdirectores del BCP también fueron imputados
La ampliación de la investigación alcanza además a otros tres exintegrantes del Directorio del Banco Central, quienes fueron imputados por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lesión de confianza.
En uno de estos casos, la Fiscalía agregó también los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con las actas de imputación, los exdirectores habrían tenido conocimiento de informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites de crédito vinculados a empresas relacionadas con Ueno Bank, además de otras operaciones financieras observadas por los órganos de supervisión.
Pese a esas advertencias, según la hipótesis fiscal, no habrían impulsado las medidas correctivas que correspondían dentro de sus atribuciones institucionales.
La investigación busca establecer si estas presuntas omisiones formaron parte de un mecanismo de actuación coordinada para permitir la continuidad de operaciones financieras cuestionadas, pese a las alertas sobre el deterioro de la situación patrimonial de la entidad bancaria.
Una respuesta al Senado también está bajo investigación
Otro de los aspectos incorporados a la investigación guarda relación con el tratamiento de informes técnicos y comunicaciones institucionales del BCP.
En particular, el Ministerio Público analiza una respuesta remitida a la Cámara de Senadores que, conforme a la hipótesis fiscal, habría omitido información relevante sobre observaciones formuladas a determinadas operaciones crediticias.
La Fiscalía pretende determinar quiénes intervinieron en la elaboración, revisión y remisión de esa comunicación, así como las circunstancias en las que se habría producido la supuesta omisión de información.
Este punto adquiere especial relevancia porque uno de los nuevos imputados también enfrenta sospechas por la presunta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso.
Fiscalía pide nuevas medidas cautelares y seis meses para investigar
Además de formular las nuevas imputaciones, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares personales y reales para los investigados.
Entre los requerimientos se encuentra la prisión preventiva para uno de los nuevos imputados, mientras que para los otros dos exdirectores del BCP se solicitó arresto domiciliario con utilización de tobillera electrónica.
La Fiscalía también pidió la inhibición general de disponer y gravar bienes, además del congelamiento de cuentas, como medidas destinadas a asegurar los eventuales resultados del proceso.
Para profundizar la investigación, los fiscales solicitaron un plazo de seis meses, durante el cual pretenden avanzar con el análisis de documentación, informes técnicos, operaciones financieras y diligencias de cooperación jurídica internacional.
