La Justicia sale de Asunción para ampliar la atención a mujeres víctimas de violencia

La Secretaría de Género del Poder Judicial impulsa la desconcentración de sus servicios, la incorporación de indicadores y herramientas con perspectiva de género, así como la capacitación de los operadores judiciales. La iniciativa cuenta con cooperación internacional y busca mejorar la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres.

La respuesta judicial ante la violencia contra las mujeres enfrenta desafíos que van más allá de la atención de las denuncias. La presencia territorial, la prevención, la calidad de las resoluciones y la capacidad de las instituciones para identificar las distintas formas de discriminación forman parte de una agenda que busca fortalecer el acceso efectivo a la justicia.

En ese contexto, la Secretaría de Género del Poder Judicial impulsa una serie de iniciativas con cooperación de la Unión Europea y el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), orientadas a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

La titular de la dependencia, la doctora Silvia López Safi, explicó que uno de los principales objetivos es ampliar la cobertura territorial de la Secretaría, mediante la instalación y el fortalecimiento de unidades especializadas en distintas circunscripciones judiciales.

Actualmente, además de la sede central, funcionan unidades de género en Paraguarí, Alto Paraná e Itapúa, departamentos incorporados a partir de la necesidad de atender territorios con elevados índices de violencia.

“Lo principal es la desconcentración de la Secretaría de Género en varios territorios”, sostuvo López Safi, al explicar que la intención es ampliar progresivamente esa presencia hacia otras zonas que también demandan acompañamiento institucional.

La alta funcionaria señaló que la violencia contra las mujeres no puede abordarse exclusivamente desde la perspectiva de la violencia doméstica o intrafamiliar. La trata de personas y las situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes también integran las prioridades de trabajo de la dependencia.

En esa línea, destacó la participación de la Secretaría de Género en diferentes mesas interinstitucionales, desde las cuales se busca articular respuestas frente a las distintas manifestaciones de violencia y vulnerabilidad.

Sin embargo, advirtió que la expansión de los servicios debe ir acompañada de políticas sostenidas de prevención. La modificación de patrones culturales y conductas arraigadas constituye uno de los desafíos de mayor alcance, cuyos resultados no pueden esperarse de manera inmediata.

“Lo que se necesita es trabajar en la prevención, para esto tiene que haber un cambio cultural, sabemos que va llevar tiempo”, expresó la secretaria de Género, al señalar que se trata de un proceso iniciado años atrás y que requiere continuidad.

Otro de los componentes de la agenda institucional apunta a la calidad de las decisiones judiciales. En ese sentido, López Safi destacó la realización de concursos de resoluciones judiciales con enfoque de género, que este año alcanzan su cuarta edición.

La iniciativa busca reconocer decisiones que incorporen una perspectiva de derechos humanos y permitan identificar las condiciones particulares de las personas involucradas en los procesos judiciales. Para ello, interviene un jurado local e nacional para una premiación vinculada con la aplicación de estos criterios.

Entre las herramientas promovidas figura la interseccionalidad, que permite analizar cómo distintos factores, como la edad y la discapacidad, pueden profundizar las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante el sistema de justicia.

La Secretaría también trabaja en la elaboración y utilización de indicadores de género, considerados fundamentales para medir la evolución de la violencia, identificar avances y detectar eventuales estancamientos en la respuesta institucional.

Sobre este punto, López Safi destacó los resultados alcanzados durante los últimos dos años y medio mediante la cooperación internacional y el acompañamiento técnico del Centro de Estudios Judiciales.

“La Corte ha logrado los productos que se ha comprometido”, afirmó, al referirse al cumplimiento de los objetivos asumidos en el marco de los proyectos de cooperación.

La comunicación institucional también integra las líneas de trabajo. La funcionaria considera que informar con perspectiva de derechos humanos y género es indispensable para que la ciudadanía conozca las acciones desarrolladas y pueda identificar los mecanismos de atención disponibles.

A estas iniciativas se suma el objetivo de ampliar la capacidad operativa de la Secretaría de Género, con la intención de otorgarle mayor preponderancia dentro de la estructura judicial y fortalecer su intervención en las políticas institucionales.

En ese marco, se prevé la presentación de una compilación jurisprudencial y de un modelo de política de liderazgo y paridad de género diseñado específicamente para el Poder Judicial.

Ambos documentos fueron elaborados por los magísteres Rodrigo Jiménez Sandoval y María Mercedes Buonyermini Palumbo, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Centro de Estudios Judiciales.

La presentación de estos materiales se inscribe en una agenda de tres jornadas de actividades impulsadas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

El desafío, más allá de la producción de documentos, indicadores y herramientas institucionales, será traducir esos compromisos en respuestas judiciales oportunas, accesibles y efectivas para las mujeres que recurren al sistema en busca de protección y justicia.

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