La Corte Suprema de Justicia implementará un formulario obligatorio para que los juzgados de la Niñez y Adolescencia informen periódicamente sobre las pruebas de ADN financiadas por la institución en procesos de filiación. La medida apunta a mejorar el seguimiento de estudios determinantes para establecer la identidad de niños, niñas y adolescentes.
La Corte Suprema de Justicia dispuso un nuevo mecanismo de seguimiento para las pruebas de ADN realizadas en el marco de procesos judiciales de filiación en los que interviene la Defensa Pública. A través de un formulario, los juzgados de la Niñez y Adolescencia deberán reportar información detallada sobre los estudios cuyo costo es subsidiado por la máxima instancia judicial.
La medida busca fortalecer la trazabilidad de estos procedimientos y conocer qué pruebas fueron efectivamente realizadas, cuáles permanecen pendientes y las razones por las que aquellas autorizadas no llegaron a concretarse.
El control adquiere especial relevancia debido a que los análisis de ADN constituyen una herramienta determinante en los procesos destinados a establecer la filiación y, con ello, garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes.
¿Qué deberán informar los juzgados?
El formulario contempla una serie de datos vinculados con cada expediente en el que se haya autorizado una prueba de ADN. Entre otros puntos, los juzgados deberán consignar la carátula del expediente, el año de ingreso, el tipo de resolución mediante la cual se aprobó la realización del estudio y la fecha de dicha resolución.
También deberán precisar a favor de qué parte fue autorizada la prueba, además de indicar si el análisis ya fue realizado.
El reporte permitirá, de esta manera, establecer un recorrido de cada prueba desde el momento en que el juzgado dispone su realización hasta su efectiva concreción. En los casos en que el estudio no haya sido realizado, los magistrados deberán explicar los motivos que impidieron su ejecución.
La iniciativa se enmarca en una política de mayor control y transparencia sobre los recursos que la Corte destina a estos procedimientos judiciales.
En los juicios de filiación en los que interviene la Defensa Pública, el Poder Judicial asume el costo de la prueba de ADN. Por ello, el nuevo sistema permitirá no solo conocer el destino de los recursos utilizados, sino también detectar eventuales demoras o dificultades que impidan completar estudios fundamentales para resolver estos procesos.
Informes cada cuatro meses
La utilización del nuevo formulario tendrá carácter obligatorio y comenzará a regir desde el segundo cuatrimestre de 2026. En consecuencia, los juzgados deberán presentar el primer informe correspondiente durante el periodo comprendido entre el 1 y el 10 de septiembre de 2026.
La periodicidad cuatrimestral permitirá mantener actualizada la información sobre las pruebas financiadas por la Corte y facilitará un seguimiento sistemático de los expedientes.
Una vez finalizado el plazo para la remisión de los informes, la Dirección de Estadística será responsable de consolidar los archivos digitales enviados por los juzgados y organizarlos de acuerdo con cada circunscripción judicial.
Posteriormente, la información será remitida a la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia de la Niñez y de la Adolescencia (OTANA), que tendrá a su cargo el acceso y procesamiento de los datos conforme a las disposiciones aprobadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Seguimiento a un derecho fundamental
Con este mecanismo, la máxima instancia judicial busca contar con información sistematizada sobre un procedimiento que puede resultar decisivo en la vida de un niño, niña o adolescente. El registro permitirá identificar no solo cuántas pruebas fueron autorizadas y financiadas, sino también cuántas llegaron a realizarse y qué obstáculos persisten en los casos pendientes.
El objetivo es que el subsidio de las pruebas de ADN esté acompañado de un mecanismo efectivo de seguimiento, de modo que la decisión judicial de disponer el estudio no quede desvinculada de su concreción.
La nueva herramienta permitirá a la Corte disponer de información periódica y verificable sobre estos procesos, reforzando los mecanismos de transparencia y control, al tiempo que apunta a contribuir a una respuesta judicial más efectiva en los casos vinculados con el derecho a la identidad.
