La trata de personas en la Triple Frontera ya no puede analizarse únicamente como un delito que utiliza el paso entre Paraguay, Brasil y Argentina para trasladar víctimas. Para la agente fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas de Alto Paraná y Canindeyú, la realidad criminal evolucionó hasta convertir a la región en un escenario donde las víctimas son captadas, alojadas y explotadas, aprovechando la intensa dinámica fronteriza.
En una entrevista concedida a Judiciales Net, la representante del Ministerio Público lanzó una de las definiciones más contundentes sobre este fenómeno criminal: «La trata de personas no solo atraviesa fronteras, también nace y se transforma en ellas», una frase que resume el cambio de paradigma que enfrentan actualmente los organismos de investigación.
Coronel explicó que la visión tradicional, que presenta a la Triple Frontera únicamente como un corredor para el traslado de víctimas, resulta insuficiente frente a la complejidad que adquirieron las redes de explotación.
«La región no debe ser entendida únicamente como un territorio de tránsito. También puede funcionar como lugar de captación, recepción, alojamiento, acogimiento, desplazamiento y explotación de víctimas», sostuvo.
La fiscal señaló que la interacción permanente entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, marcada por el constante movimiento de personas, el comercio y las relaciones familiares y laborales, constituye una característica propia de la frontera. Sin embargo, advirtió que esa misma normalidad es utilizada por organizaciones criminales para ocultar actividades vinculadas a la trata de personas.
Según explicó, una víctima puede cruzar apenas unos kilómetros y quedar bajo otra jurisdicción nacional, mientras que quienes integran la estructura criminal operan desde distintos países. Incluso, la captación, la comunicación entre los involucrados, el movimiento del dinero y el lugar donde finalmente se concreta la explotación pueden desarrollarse en territorios diferentes.
La representante del Ministerio Público recordó que la Ley N.º 4788/2012 Integral contra la Trata de Personas contempla tanto la trata interna como la transnacional, por lo que el cruce de una frontera no constituye un requisito indispensable para configurar este delito. En ese sentido, enfatizó que las investigaciones deben centrarse en toda la cadena criminal, desde la captación hasta la finalidad de explotación.
Coronel advirtió además que las modalidades de captación se han diversificado y hoy comienzan muchas veces a través de redes sociales o bajo falsas promesas de empleo, mejores ingresos, oportunidades de viaje o incluso relaciones afectivas.
«La tecnología ha ampliado esa capacidad de captación y coordinación, permitiendo organizar contactos y desplazamientos sin que los distintos intervinientes deban encontrarse físicamente», explicó.
La fiscal también alertó sobre un aspecto que suele pasar desapercibido: la vulnerabilidad de las víctimas no responde exclusivamente a situaciones de pobreza extrema.
Factores como el desempleo, la precariedad laboral, la necesidad de sostener económicamente a una familia, la dependencia emocional, la falta de redes de apoyo o el desconocimiento del lugar de destino son, según indicó, circunstancias aprovechadas por los tratantes para captar y controlar a las personas.
Cooperación internacional y más recursos
La complejidad de los casos obliga, según Coronel, a una respuesta coordinada entre Paraguay, Brasil y Argentina. Explicó que una víctima puede encontrarse en un país, el sospechoso en otro y la evidencia digital en una tercera jurisdicción, por lo que la cooperación entre Ministerios Públicos, fuerzas policiales, autoridades migratorias y organismos de protección resulta indispensable.
No obstante, advirtió que enfrentar una criminalidad cada vez más tecnológica requiere fortalecer la capacidad operativa del Ministerio Público.
Las investigaciones por trata demandan análisis de dispositivos electrónicos, procesamiento de evidencia digital, investigaciones financieras, allanamientos, agentes encubiertos, asistencia especializada a víctimas y permanentes desplazamientos de los equipos fiscales.
En ese contexto, Coronel sostuvo que incrementar el presupuesto destinado a las unidades especializadas constituye una verdadera política de combate al crimen organizado.
«Un móvil institucional puede representar la posibilidad de llegar oportunamente a una víctima. Una herramienta tecnológica puede recuperar evidencia decisiva y un equipo técnico especializado permite evitar la revictimización», afirmó.
Finalmente, la fiscal dejó una reflexión que resume el desafío que enfrenta la persecución penal frente a este delito.
«La trata no comienza necesariamente cuando una víctima cruza un puente. Puede haber comenzado días o semanas antes, con una conversación, una necesidad, una publicación o una promesa. Combatirla exige mirar mucho antes de la frontera y reconstruir toda la cadena que conduce hacia la explotación», concluyó.
