La representación del Ministerio Público confirmó su requerimiento a favor de Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera. Ahora, el juez de garantías Rodrigo Estigarribia deberá resolver la salida procesal requerida por la fiscal inferior hoy ratificada.
La Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción ratificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento a favor de Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera, ambos procesados en la causa abierta por presunto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y otros hechos punibles que involucran a la exjueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, y otros.
La ratificación fue presentada por la fiscal adjunta interina Gilda Villalba Tottil ante el juez penal especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, luego de que el expediente fuera remitido a la Fiscalía General del Estado, conforme al artículo 358 del Código Procesal Penal.
En el documento, la representante del Ministerio Público sostiene que, tras el análisis de las constancias obrantes en la causa, corresponde mantener el requerimiento conclusivo consistente en la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para ambos imputados.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la investigación se centra en presuntas irregularidades ocurridas en el Juzgado de Paz de La Encarnación, donde Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera se desempeñaban como ujieres notificadores en las secretarías 1 y 2, respectivamente.
Asimismo, el escrito recuerda que la magistrada Carmen Analía Cibils Miñarro fue designada jueza de Paz en septiembre de 2019 y detalla la conformación administrativa del juzgado durante los años 2022, 2023 y 2024, mencionando a los funcionarios que cumplían funciones de actuarios y notificadores.
Queda en manos del juez
Con la ratificación del requerimiento fiscal, la decisión queda ahora en manos del juez de garantías Rodrigo Estigarribia, quien deberá analizar los presupuestos legales y resolver hacer lugar a la suspensión condicional del procedimiento solicitada por el Ministerio Público para los dos procesados.
La eventual concesión de esta salida procesal implicaría la suspensión del proceso penal bajo determinadas condiciones impuestas por la Justicia.
