Los primeros resultados del operativo de asistencia masiva impulsado por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) para atender a víctimas de la denominada “mafia de los pagarés” revelan la magnitud del esquema denunciado. En apenas dos jornadas de atención, 78 personas reportaron descuentos y afectaciones patrimoniales que, en conjunto, alcanzan casi G. 5.000 millones.
Según datos procesados por la Dirección de Estadística del MDP, entre el 13 y el 14 de julio fueron atendidas 102 personas que acudieron en busca de orientación jurídica y asistencia para enfrentar procesos judiciales relacionados con cobros compulsivos y descuentos presuntamente irregulares.
Del total de afectados relevados, 78 lograron cuantificar el daño económico sufrido, que asciende a G. 4.857.485.753. Otras 24 personas señalaron que desconocen el monto exacto de los perjuicios que les fueron ocasionados, lo que evidencia las dificultades que enfrentan muchas víctimas para conocer el alcance real de los procesos promovidos en su contra.
Múltiples juicios y desconocimiento de las causas
Uno de los aspectos que más preocupa a la Defensa Pública es la dispersión de los expedientes judiciales. Durante las entrevistas, las víctimas identificaron al menos 128 juzgados o sedes donde se tramitan las demandas relacionadas con descuentos salariales. Sin embargo, las autoridades advierten que la cifra podría ser mucho mayor, ya que numerosos afectados desconocen la totalidad de los procesos iniciados en su contra.
Incluso se detectaron casos de personas que enfrentan simultáneamente varios juicios ejecutivos promovidos en distintas jurisdicciones, situación que dificulta el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y el seguimiento de las causas.
Entre los lugares más mencionados aparecen juzgados de Asunción, La Encarnación, La Catedral, Lambaré, San Lorenzo, San Roque y Villa Elisa, además de otras ciudades del interior del país. A esto se suma un dato llamativo: 17 personas afirmaron no saber siquiera en qué juzgado se tramita su expediente.
Mayoría de las víctimas son mujeres
El relevamiento también permitió identificar características de las personas afectadas. De los 102 usuarios asistidos, 69 son mujeres y 33 hombres, lo que representa una marcada predominancia femenina entre quienes denunciaron haber sido perjudicados por el esquema investigado.
Asimismo, el informe revela que casi el 66% de los asistentes acudió por primera vez al Ministerio de la Defensa Pública, lo que refleja el creciente interés de las víctimas en buscar apoyo institucional para esclarecer su situación judicial y patrimonial.
Presencia de comunidades indígenas entre los afectados
Otro dato relevante es que 23 de las personas atendidas pertenecen a pueblos indígenas, equivalente al 22,5% del total. La cifra pone de manifiesto el impacto que este tipo de procesos también habría tenido sobre sectores especialmente vulnerables de la población.
Asistencia continúa en todo el país
Desde el Ministerio de la Defensa Pública informaron que las tareas de asesoramiento, orientación jurídica y designación de defensores públicos continúan de manera ininterrumpida en las 57 sedes de la institución distribuidas en todo el territorio nacional.
Las cifras obtenidas durante estas primeras jornadas ofrecen una radiografía preliminar de una problemática que sigue siendo objeto de investigación y que podría involucrar perjuicios económicos de gran magnitud para cientos de personas afectadas por procesos judiciales que actualmente son revisados por las autoridades.
