El exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, enfrenta su segunda audiencia preliminar. En esta oportunidad, es en el marco de la causa que investiga la presunta lesión de confianza por la compra irregular de insumos durante la pandemia, proceso conocido como el caso “detergente de oro”.
Tanto Cáceres como el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez fueron acusados por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de la adquisición irregular de insumos durante la pandemia de COVID-19, hechos que, según la acusación fiscal, habrían ocasionado un perjuicio patrimonial a la comuna capitalina.
Otro de los acusados en la causa, Edgar Fabián Gavilán Estigarribia, no se presentó para la diligencia. En tanto, el exintendente Óscar Rodríguez continúa con una medida pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta formularon acusación contra Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras personas, quienes, según el Ministerio Público, habrían causado un perjuicio patrimonial a la comuna capitalina mediante la compra de insumos adquiridos a precios muy superiores a los del mercado.
Luego de tres años del inicio de la investigación, el Ministerio Público imputó al exintendente el año pasado por un presunto perjuicio patrimonial al municipio de Asunción. Entre las firmas mencionadas figura Bastian Comercial, representada por María Cano, que fue adjudicada con G. 339.943.950 en contratos para la provisión de detergentes, con un costo unitario de G. 393.800, en adjudicaciones realizadas entre marzo y diciembre de 2020, con fondos de emergencia destinados a la pandemia de COVID-19.
Se estima que el perjuicio patrimonial total ronda los G. 1.830 millones, considerando la compra de insumos como detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes, entre otros. La causa cuenta con una reciente ampliación de seis meses para la conclusión de la investigación.
Una vez concluida la audiencia el juez Rodrigo Estigarribia deberá decidir si la cuada será elevada a la siguiente etapa de juicio oral como lo requiere el Ministerio Público.
