La Corte Suprema de Justicia abrió un proceso de postulación dirigido a organizaciones sin fines de lucro interesadas en acceder a bienes institucionales que fueron desafectados de su patrimonio y que serán entregados en calidad de donación. La convocatoria apunta a que estos recursos puedan ser reutilizados en iniciativas de carácter social y comunitario.
Entre los artículos disponibles figuran mobiliarios, equipos informáticos y otros bienes que ya no son utilizados por el sistema judicial, pero que aún podrían resultar de utilidad para entidades que desarrollan labores de asistencia, educación o servicio a la comunidad.
La medida se enmarca en las disposiciones legales que regulan la administración de bienes del Estado y surge tras la resolución que autorizó la baja de estos elementos del inventario institucional. La Corte aclaró que los bienes serán adjudicados en las condiciones actuales en que se encuentran, por lo que las organizaciones seleccionadas deberán asumir los costos relacionados con su retiro y traslado.
Las entidades interesadas tendrán un plazo de ocho días hábiles, contados desde el 1 de julio de 2026, para presentar formalmente su solicitud ante la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en el Palacio de Justicia de Asunción.
Como parte de los requisitos, deberán acreditar su constitución legal mediante la documentación correspondiente, presentar la identificación de su representante legal, contar con inscripción vigente en el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA) y explicar el destino que tendrán los bienes solicitados dentro de sus proyectos o programas sociales.
La máxima instancia judicial también habilitó la posibilidad de que las organizaciones realicen una inspección previa de los bienes disponibles durante el periodo de convocatoria, con el objetivo de que puedan evaluar su estado y utilidad antes de formalizar el pedido.
Desde la institución remarcaron que la inscripción no implica una adjudicación automática. La selección final se realizará conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente y priorizando aquellas propuestas que generen un impacto positivo en beneficio de la comunidad.
