La jueza en lo Civil y Comercial, Liz Carina Caballero, hizo lugar parcialmente a una demanda de indemnización por error judicial presentada contra el Estado paraguayo, ordenando el pago de G. 616 millones a favor de Lucía Sandoval Escobar, quien permaneció privada de libertad durante 3 años, 6 meses y 20 días antes de ser absuelta de los cargos que se le atribuían.
La mujer, quien actualmente ejerce la abogacía, fue injustamente privada de su libertad y hoy reclama ser resarcida por esta situación. Fue acusada de matar a su esposo, pero fue absuelta en el juicio oral y público.
La resolución judicial establece que el Estado deberá abonar la suma fijada en concepto de reparación por daños y perjuicios, luego de concluir que correspondía admitir la acción promovida por la afectada, quien había sido inicialmente acusada por la muerte de su esposo.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Sandoval Escobar fue sometida a proceso penal por el supuesto homicidio de su cónyuge, permaneciendo recluida durante más de tres años hasta que posteriormente fue absuelta por la justicia, al no encontrarse elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.
Tras su absolución, la mujer promovió una acción de indemnización contra el Estado por error judicial, argumentando los daños ocasionados durante el tiempo de privación de libertad. La magistrada analizó los fundamentos presentados y resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, disponiendo la reparación económica correspondiente.
El fallo dispone que la suma de G. 616 millones deberá ser incluida en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal siguiente, una vez que la sentencia quede firme.
Asimismo, la resolución impone las costas a la parte vencida y ordena las notificaciones correspondientes, además de su registro en el sistema documental del Poder Judicial conforme a las disposiciones vigentes.
Con esta decisión, la Justicia reconoce la procedencia de la reparación estatal en casos de privación de libertad injustificada, marcando un nuevo antecedente en materia de responsabilidad del Estado por error judicial.
