La jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió mantener la prisión preventiva de Gianina García Troche en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada(COMPLE), al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales que justificaron su encarcelamiento tras ser extraditada desde España.
La decisión fue adoptada luego de que la defensa de la acusada solicitara nuevamente la aplicación de medidas menos gravosas. Sin embargo, la magistrada concluyó que persiste el peligro de fuga, por lo que dispuso la continuidad de la medida cautelar más severa.
García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, enfrenta acusaciones por supuesto lavado de activos en el marco de la causa derivada del operativo A Ultranza Py, una de las investigaciones más importantes contra el crimen organizado y el narcotráfico desarrolladas en Paraguay.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la procesada habría cumplido un papel relevante dentro de la estructura liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, conocido como “Tío Rico”. La Fiscalía sostiene que la organización habría sido responsable de coordinar el envío de más de 17 toneladas de cocaína hacia mercados internacionales, principalmente de Europa y África.
Según los investigadores, García Troche habría intervenido en operaciones financieras destinadas a incorporar al sistema económico recursos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas. La acusación señala que, tras establecer residencia en Paraguay junto a Marset, la estructura criminal fortaleció sus actividades y desarrolló mecanismos para legitimar ganancias provenientes del narcotráfico.
Entre los hechos atribuidos figura la apertura de una cuenta bancaria en 2021, para cuya habilitación, según la hipótesis fiscal, se habrían presentado documentos laborales sin sustento real. Asimismo, el Ministerio Público menciona la constitución de la empresa Grupo San Jorge S.A., conocida comercialmente como Total Cars, que habría sido utilizada para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
La acusación sostiene que dicha firma formaba parte de un esquema destinado a canalizar y reinsertar dinero presuntamente vinculado al tráfico internacional de drogas dentro del circuito financiero formal.
Con la etapa investigativa ya concluida, la Fiscalía solicitó la apertura del juicio oral y público para que un tribunal de sentencia evalúe las evidencias reunidas y determine la eventual responsabilidad penal de García Troche en los hechos que se le atribuyen.
Mientras avanza el proceso, la Justicia considera que las circunstancias que motivaron su encarcelamiento preventivo permanecen inalterables, especialmente ante el riesgo de que la acusada intente sustraerse de la acción judicial.
