El proceso de transformación del Centro Educativo de Itauguá, principal establecimiento destinado a albergar a adolescentes en conflicto con la ley penal, continúa con importantes obras de infraestructura orientadas a mejorar las condiciones de alojamiento, seguridad y atención integral de los jóvenes privados de libertad.
Las intervenciones, impulsadas por el Ministerio de Justicia a través del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI), forman parte de un plan de modernización que busca adecuar los espacios a estándares más acordes con los objetivos de educación, rehabilitación y reinserción social.
Los trabajos incluyen la renovación integral de pabellones existentes, la adecuación de diferentes sectores y la construcción de nuevas instalaciones que permitirán optimizar las condiciones de convivencia dentro del centro. La iniciativa apunta a generar ambientes más funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades educativas, formativas y de acompañamiento psicosocial.
Desde la institución señalaron que el fortalecimiento de la infraestructura constituye un componente clave para avanzar hacia un modelo de atención que priorice los derechos de los adolescentes y favorezca procesos efectivos de reintegración a la sociedad.
Uno de los cambios más relevantes previstos tras la culminación de las obras será la separación física entre adolescentes procesados y aquellos que ya cuentan con una sanción judicial. Esta medida permitirá aplicar un tratamiento diferenciado según la situación procesal de cada joven, en línea con los principios de protección integral y justicia especializada.
Las mejoras forman parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Justicia para fortalecer tanto el sistema penitenciario como los centros educativos destinados a adolescentes infractores, promoviendo espacios que contribuyan al aprendizaje, la capacitación laboral y el desarrollo personal.
Con la habilitación de las nuevas áreas, las autoridades esperan consolidar un entorno más seguro, ordenado y propicio para la implementación de programas de educación, formación y reinserción social, considerados fundamentales para reducir la reincidencia y generar nuevas oportunidades para los jóvenes bajo resguardo del Estado.
