La causa penal que involucra al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Manuel Gubetich Mojoli, y a su esposa María Rosa Araujo Gubetich, continúa sin avanzar hacia la audiencia preliminar debido a una serie de incidentes procesales y recusaciones que permanecen pendientes de resolución en instancias superiores del Poder Judicial.
El expediente, caratulado «Andrés Manuel Gubetich Mojoli y María Rosa Araujo Gubetich s/ Estafa y Lavado de Dinero», se encuentra a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto René Otazú. La investigación es impulsada por el fiscal Marcial Machado, quien presentó imputación contra ambos procesados el 20 de junio de 2024 y posteriormente formuló acusación el 21 de diciembre del mismo año por presuntos hechos de estafa y lavado de activos.
Según la imputación fiscal, el perjuicio económico asciende a USD 2.358.000 y habría afectado al cirujano plástico Eustacio Rojas Alegretti, quien participa en el proceso como víctima y querellante adhesivo, representado por el abogado José Miguel Fernández Zacur.
Tras la convocatoria a audiencia preliminar, la defensa de Gubetich promovió recursos de reposición y apelación en subsidio. La reposición fue rechazada el 6 de enero de 2025, por lo que el expediente fue remitido al Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Sin embargo, antes de que la Cámara pudiera analizar la apelación, fueron planteadas recusaciones contra las camaristas Claudia Criscioni y Raquel Luraghi. Posteriormente, al llegar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, también fue recusado el ministro Manuel Ramírez Candia, situación que derivó en la suspensión del tratamiento de las cuestiones pendientes.
De acuerdo con la querella, estos incidentes mantienen paralizado el avance del proceso desde febrero de 2025, impidiendo que se lleve adelante la audiencia preliminar, etapa en la que debe analizarse la acusación fiscal y determinarse si el caso es elevado o no a juicio oral.
Paralelamente, el extitular del IPS promovió una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Fiscalía General del Estado que designó al fiscal Machado para la presentación del requerimiento conclusivo. Dicha acción también permanece pendiente de resolución ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Para Fernández Zacur, es inadmisible que esas simples presentaciones incidentales permanezcan tanto tiempo en la máxima instancia sin ser resueltas, señalando que la acumulación de recursos e incidentes ha impedido que la causa avance hacia las siguientes etapas procesales.
Asimismo, sostiene que la prolongada demora genera incertidumbre respecto al desarrollo del caso y a la posibilidad de que la víctima obtenga una resolución judicial dentro de un plazo razonable.
Hasta el momento, las recusaciones y demás planteamientos procesales continúan sin resolución definitiva en la Corte Suprema de Justicia, mientras la audiencia preliminar sigue pendiente de realización.
La inusual paralización de la causa llama la atención, dado que cuestiones incidentales como simples objeciones sobre la competencia de un magistrado no sean resueltas por más de un año.
