La posibilidad de acceder a una prueba de ADN sin costo y sin necesidad de viajar hasta la capital representa hoy un avance significativo para cientos de familias que enfrentan procesos de filiación en distintos puntos del país. Gracias a una política impulsada por la Corte Suprema de Justicia, equipos técnicos especializados se trasladan hasta las circunscripciones judiciales para realizar la toma de muestras, acercando un servicio esencial a quienes más lo necesitan.
En ese marco, se llevó a cabo una jornada de extracción de muestras para análisis genético en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo del magistrado Lionel Bareiro. La diligencia contó con la participación de profesionales del Laboratorio Díaz Gill, representantes de las partes involucradas, el defensor público interviniente, la actuaria judicial Viviana Moreno y funcionarios judiciales.
La iniciativa forma parte de la aplicación de la Resolución N.° 9443/22 de la Corte Suprema de Justicia, que busca eliminar obstáculos económicos y geográficos que históricamente dificultaban el acceso a este tipo de estudios, especialmente para niños, niñas y adolescentes residentes en el interior del país.
Uno de los aspectos más valorados del programa es la gratuidad de las pruebas para personas que no cuentan con recursos suficientes para afrontar el costo de los análisis. De esta manera, se garantiza que la situación económica no constituya una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la identidad y la filiación.
Además, el traslado de los equipos especializados hasta las sedes judiciales evita que las familias deban asumir gastos de transporte, alojamiento y alimentación para viajar a Asunción, una situación que en muchos casos implicaba postergar o dificultar el avance de los procesos judiciales.
Las pruebas de ADN constituyen una herramienta científica determinante para esclarecer vínculos biológicos y aportar certeza en los juicios de filiación. Su utilización permite a los tribunales adoptar decisiones sustentadas en evidencia técnica objetiva, fortaleciendo la seguridad jurídica y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La medida se enmarca en las acciones desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia para dar cumplimiento a las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, promoviendo una justicia más cercana, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía.
Con la presencia de equipos médicos y técnicos en distintas regiones del país, el Poder Judicial continúa avanzando en la descentralización de servicios esenciales, permitiendo que derechos tan importantes como la identidad puedan ser garantizados sin que la distancia o la falta de recursos económicos se conviertan en un impedimento.
