Con el objetivo de garantizar la legalidad y la transparencia del proceso electoral, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la designación de agentes fiscales que tendrán competencia para intervenir en causas relacionadas con delitos electorales durante las elecciones internas simultáneas de los partidos, movimientos políticos y concertaciones electorales previstas para el próximo 7 de junio de 2026.
La medida establece una amplia cobertura institucional en las 19 áreas territoriales del Ministerio Público, con presencia en Asunción, Central y los distintos departamentos del país, permitiendo una respuesta inmediata ante eventuales hechos punibles que pudieran registrarse durante la jornada electoral.
Según la disposición, los agentes fiscales designados permanecerán al llamado durante el horario habilitado para las elecciones, atendiendo denuncias y requerimientos vinculados al desarrollo de los comicios. Asimismo, la resolución prevé la posibilidad de convocar a otros representantes del Ministerio Público en caso de que las circunstancias lo requieran.
En el Área III Central fueron asignados fiscales para las distintas sedes de la región. En la Fiscalía de Luque, con cobertura también para Areguá, fueron designados Sophia Galeano y Jorge Escobar. En Limpio fue nombrado Víctor Villaverde; en Mariano Roque Alonso, Gladys Teresita Paredes; en Capiatá, Benjamín Maricevich; en J. Augusto Saldívar, Rossana Martínez; en Itá, Eduardo Román; y en Itauguá, Juan Manuel Ledesma.
Igualmente, la nómina incluye a María Genoveva Figueredo para San Lorenzo, Fernando Melgarejo para Villeta, Amelia Bernal para Lambaré, Richard Acosta para San Antonio, Fani Aguilera para Villa Elisa, Mirian Santos de Mercado para Ñemby y Carlos Acuña para Fernando de la Mora.
En Asunción, la coordinación general estará a cargo de Sandra Ledesma, titular de la Unidad Especializada, acompañada por fiscales designados para los distritos de la Recoleta, San Roque, Catedral, Encarnación y Santísima Trinidad y Zeballos Cué, con el propósito de asegurar la cobertura integral de la capital durante las elecciones.
La resolución se fundamenta en las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Ministerio Público para promover acciones en defensa de los derechos electorales e intervenir en investigaciones relacionadas con posibles transgresiones a la normativa vigente.
La vigencia de la disposición fue establecida desde el 5 hasta el 8 de junio de 2026, periodo durante el cual los agentes fiscales deberán permanecer disponibles para atender cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo de los comicios.
Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso institucional de velar por el respeto de la voluntad popular, la protección de los derechos ciudadanos y la transparencia del proceso electoral, mediante una presencia activa y coordinada en todo el territorio nacional.
