El Juzgado Penal de Garantías autorizó la extracción y análisis de información contenida en 16 dispositivos electrónicos incautados durante el procedimiento que culminó con la detención de la empresaria Dalia López, quien permaneció prófuga de la Justicia durante varios años.
La medida fue dispuesta por el juez Francisco Acevedo a solicitud del Ministerio Público, en el marco de la investigación que continúa abierta. Los elementos a ser peritados incluyen 12 teléfonos celulares y cuatro computadoras, considerados por la Fiscalía como potenciales fuentes de información relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Con la autorización judicial, los investigadores podrán acceder a datos almacenados en los equipos, entre ellos mensajes de texto, audios, conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, registros de contactos, fotografías y otros archivos digitales que eventualmente puedan aportar elementos a la causa.
La diligencia forma parte de los actos investigativos impulsados por el Ministerio Público dentro del plazo de investigación cuyo vencimiento está previsto para el próximo 2 de octubre.
Los dispositivos fueron incautados durante el allanamiento realizado en una vivienda donde fue localizada López, luego de permanecer varios años evadiendo la acción de la Justicia. En el mismo procedimiento también fueron hallados documentos y una importante suma de dinero en efectivo, consistente en 440 millones de guaraníes y 220.000 dólares, elementos que igualmente se encuentran bajo evaluación fiscal.
El operativo se llevó a cabo en un inmueble situado sobre la calle Moisés Bertoni, en una zona cercana a una dependencia policial y a una sede del Ministerio Público.
Antecedentes del caso
Dalia López Troche, de 55 años, es investigada en una causa vinculada a la presunta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso. La empresaria fue identificada por los investigadores como una de las personas presuntamente involucradas en la estructura que facilitó la obtención de documentos irregulares que derivaron en el conocido caso relacionado con el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, su hermano y miembros de su entorno.
La causa se remonta a marzo de 2020 y, desde entonces, varias personas procesadas en el mismo expediente fueron condenadas a penas privativas de libertad que oscilan entre dos y cinco años de prisión.
Con el avance de las pericias sobre los dispositivos electrónicos, la Fiscalía busca determinar si existen nuevos elementos que permitan profundizar las investigaciones y establecer eventuales responsabilidades dentro del proceso penal en curso.
