La abogada penalista Noelia Núñez advirtió sobre las consecuencias que generan los fallos judiciales que anulan sentencias y reenvían a juicio oral causas de abuso sexual, señalando que estas decisiones no solo afectan a las víctimas directas, sino que también tienen un fuerte impacto social al desalentar nuevas denuncias.
La profesional sostuvo que este tipo de resoluciones envía un mensaje negativo a otras víctimas que podrían animarse a acudir a la justicia. “En todos estos años que estuve en estos procesos con estas víctimas, una resolución así tiene alto impacto en las otras víctimas que no se animan a hablar, porque dicen: ‘¿para qué entrar en un sistema injusto, pernicioso y corrupto?’”, expresó.
Según Núñez, las víctimas enfrentan un proceso complejo y doloroso al denunciar, exponiendo aspectos íntimos de sus vidas sin la garantía de que sus derechos sean priorizados. En ese sentido, cuestionó que, en algunos casos, “los derechos del abusador priman sobre el de la víctima”, lo que incrementa la sensación de desprotección.
Asimismo, remarcó que las decisiones judiciales que revierten condenas generan frustración y desaliento, especialmente cuando se trata de casos que implicaron largos procesos. “Es demasiado doloroso para las demás víctimas que alguna vez pudieran llegar a hablar”, afirmó, al tiempo de señalar que este tipo de situaciones debilita el efecto positivo que pueden tener las sentencias firmes al apartar a agresores de potenciales nuevas víctimas.
Núñez también destacó que el impacto de estos casos no se limita a la persona afectada, sino que se extiende al entorno familiar y, por consecuencia, a la sociedad. “Un niño, una niña o un adolescente abusado adolece en el núcleo familiar. El impacto es familiar y eso trasciende a la sociedad, es como un dominó”, explicó.
Finalmente, advirtió que este escenario contribuye al silencio de más víctimas por temor a atravesar procesos judiciales sin garantías. “Vamos silenciando a más víctimas por temor a denunciar y que no sean escuchadas o que sean maltratadas o no tratadas justamente en un proceso judicial”, reflexionó.
Las declaraciones de la abogada se dan tras conocerse la anulación de un fallo por abuso sexual y coacción, cuya sentencia había tardado ocho años en emitirse y que ahora deberá ser nuevamente analizada en un juicio oral.
