Un reciente informe elaborado por la Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, revela el estado actualizado de dos registros clave para el control y la prevención de situaciones que afectan derechos fundamentales: el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS).
De acuerdo con los datos, hasta el 31 de marzo de 2026, un total de 2.249 personas se encuentran inscriptas en el Redam. La gran mayoría corresponde a varones (2.215), mientras que 34 son mujeres. En paralelo, se expidieron 207.661 certificados vinculados a este registro en el mismo periodo.
El Redam es una herramienta legal que permite identificar a aquellas personas que incumplen con el pago de la prestación alimentaria establecida por orden judicial. Su inclusión en este listado puede generar diversas restricciones, como dificultades para acceder a ciertos trámites administrativos, contratos o beneficios, lo que busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones hacia niños, niñas y adolescentes. Además, la consulta del registro se ha convertido en un requisito frecuente en procesos laborales y gestiones públicas, fortaleciendo así su alcance como mecanismo de control social.
En cuanto al Registro Nacional de Agresores Sexuales, el informe señala que existen 1.374 personas registradas, de las cuales 1.346 son hombres y 28 mujeres. Entre enero y marzo de este año se emitieron 53.677 informes relacionados con este registro.
Ambos sistemas forman parte de las políticas de acceso a la información y prevención, y pueden ser consultados de manera gratuita a través del portal oficial del Poder Judicial. El servicio está disponible las 24 horas, todos los días de la semana, y solo requiere el número de cédula de identidad paraguaya para la emisión de certificados.
Para ciudadanos extranjeros con documentos que superan los siete millones o con cédulas alfanuméricas, el trámite debe realizarse de forma presencial en las oficinas de Antecedentes Judiciales, habilitadas en las distintas sedes judiciales del país.
Estas herramientas no solo permiten transparentar información relevante, sino que también buscan promover el cumplimiento de obligaciones legales y contribuir a la protección de sectores vulnerables de la población.
