El juez especializado en delitos económicos Rodrigo Estigarribia resolvió mantener la prisión preventiva de Alex Silva Báez, un joven de 18 años imputado por estafa mediante sistemas informáticos y otros hechos punibles, en el marco de una investigación por un esquema de ciberfraude de gran magnitud.
De acuerdo con la resolución judicial, no se han presentado elementos nuevos que justifiquen una modificación de la medida cautelar, por lo que el magistrado consideró pertinente que el procesado continúe privado de libertad mientras avanza la causa.
El Ministerio Público sostiene que Silva Báez sería el principal articulador de una red que habría logrado movilizar más de 9.000 millones de guaraníes a través de operaciones fraudulentas dentro del sistema financiero. La investigación forma parte de la denominada “Operación Ícaro”, que continúa en desarrollo con nuevas diligencias y detenciones.
Según los investigadores, el presunto esquema operaba con la participación de personas del entorno cercano del joven, incluyendo excompañeros de colegio y familiares, quienes habrían conformado una estructura organizada para ejecutar transferencias masivas mediante plataformas digitales.
El mecanismo consistía en el uso de múltiples líneas asociadas a billeteras electrónicas, desde las cuales se distribuían los fondos hacia numerosas cuentas intermediarias. Posteriormente, el dinero era canalizado hacia activos virtuales, como criptomonedas, con el objetivo de dificultar su rastreo y aparentar legalidad.
Hasta el momento, unas diez personas se encuentran bajo investigación en el caso, aunque las autoridades no descartan ampliar el número de implicados. De hecho, se analiza la posible participación de alrededor de 400 individuos que habrían colaborado de distintas formas en el funcionamiento del esquema.
En el marco de los operativos, fueron incautados varios dispositivos electrónicos —entre ellos teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil— que serán sometidos a peritajes, además de un vehículo que estaría vinculado a los bienes adquiridos con el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita.
Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el alcance total de la red y esclarecer el flujo de los fondos, en un caso que pone en evidencia el uso creciente de herramientas digitales para la comisión de delitos financieros.
